Activistas de origen haitiano exigen fin a la desnacionalización y discriminación frente al Palacio Nacional

Santo Domingo.- Al cumplirse doce años de la sentencia 168-13, activistas de origen haitiano del Movimiento Reconocido se concentraron frente al Palacio Nacional para exigir al gobierno poner fin a la desnacionalización, la discriminación racial y el apartheid.

Decenas de manifestantes ocuparon la explanada frontal del Palacio Nacional de la República Dominicana durante una jornada de protesta marcada por consignas, pancartas y críticas a las políticas migratorias y de documentación implementadas por el Estado dominicano. La concentración se desarrolló de forma continua frente a la sede del Poder Ejecutivo, generando atención pública y mediática.

Según lo observado, los participantes han insistido en visibilizar lo que consideran una problemática estructural relacionada con la falta de documentación de miles de personas nacidas en el país.

Frente al Palacio Nacional, miembros del Movimiento Reconocido protestaron al asegurar que, doce años después de la Ley 169-14, el Estado dominicano no ha resuelto la situación de miles de descendientes de haitianos nacidos en el país, quienes continúan sin documentos y expuestos, según denuncian, a expulsiones y discriminación.

El coordinador Franklin Dinor afirmó que “han querido borrar nuestra nacionalidad dominicana simplemente porque somos descendientes de haitianos”, y cuestionó además la aplicación de principios constitucionales haitianos en territorio dominicano. “Las constituciones son territoriales, ¿o sea la constitución de Haití va a mandar aquí en República Dominicana?”, expresó durante su intervención.

La manifestación generó reacciones divididas entre ciudadanos presentes. Algunos expresaron rechazo y señalaron posibles tensiones sociales, mientras otros se sumaron a las demandas de los manifestantes, apelando a la justicia social y a la igualdad.

Los organizadores sostienen que la Ley 169-14 establece un régimen especial de regularización, pero afirman que aún persiste una deuda del Estado y que la apatridia continúa afectando a numerosas familias en el país.