De un lado del río, la promesa de miles de millones de dólares, empleos y liderazgo en energía limpia. Del otro, playas tranquilas, palmares protegidos y una economía que depende del turismo. Entre ambos, una planta industrial que podría cambiar para siempre el horizonte compartido. Lo que comenzó como un anuncio de inversión histórica hoy reabre heridas diplomáticas, activa asambleas vecinales y revive el fantasma de un conflicto que marcó a dos países hace apenas dos décadas.
Una inversión récord en la ribera oriental
El proyecto pertenece a HIF Global, una compañía especializada en electrocombustibles que ya desarrolla iniciativas similares en Punta Arenas y Río de Janeiro. Su plan ahora es levantar una planta de e-combustibles en la costa uruguaya del río que funciona como frontera natural con Argentina.
La iniciativa contempla una inversión estimada en más de 5.000 millones de dólares, considerada la mayor apuesta extranjera en la historia reciente de Uruguay. El complejo no solo incluiría la planta industrial cerca de Paysandú, sino también un parque solar en las proximidades de El Eucalipto y un parque eólico en Cuchilla de Fuego, pequeñas localidades rurales que hoy cuentan con pocos cientos (o incluso decenas) de habitantes.
La empresa proyecta generar unos 300 empleos permanentes y picos de hasta 3.000 trabajadores durante la construcción. Además, se sumarían entre 50 y 80 puestos estables en los parques de generación eléctrica. Para una región con escasas oportunidades industriales, el impacto económico suena transformador.
El corazón del plan es producir combustibles sintéticos, como e-gasolina, a partir de hidrógeno verde generado en el propio predio y dióxido de carbono capturado de procesos industriales y biomasa. El destino final sería Europa, en línea con los objetivos del Pacto Verde que busca neutralidad climática hacia 2050.
El paisaje en disputa
El problema no está únicamente en la tecnología ni en la inversión. Está en el lugar.
La planta se ubicaría frente a Colón, una ciudad argentina a unos 300 kilómetros de Buenos Aires cuya identidad gira en torno al turismo de playa sobre el río y a sus extensos palmares protegidos. Desde su costanera, el complejo industrial sería visible en línea recta.
Para los vecinos, la preocupación no es abstracta. Denuncian que las instalaciones ocuparían cerca de 3.000 metros de frente costero, con iluminación constante y antorchas encendidas de forma permanente. La postal nocturna del río cambiaría por completo.
Organizaciones locales como Somos Ambiente multiplicaron asambleas y protestas. En eventos masivos, incluso en la tradicional Fiesta Nacional de la Artesanía, aparecieron pancartas con un mensaje directo: rechazo total al proyecto en esa ubicación.
El temor no es solo visual. También existe inquietud por posibles efectos ambientales y por el impacto indirecto en la actividad turística. En una ciudad cuya economía depende de su paisaje, cualquier alteración del horizonte se percibe como una amenaza existencial.
El recuerdo que nadie quiere repetir
La discusión actual activa un recuerdo incómodo: el conflicto por la pastera instalada en Fray Bentos a mediados de los 2000. Aquella disputa escaló hasta la Corte Internacional de Justicia y derivó en años de puentes internacionales bloqueados.
Hoy, la planta que originalmente perteneció a Botnia (luego adquirida por UPM) sigue operando. La Corte determinó que hubo fallas en los mecanismos de consulta, aunque no se comprobó contaminación significativa del río.
Las autoridades de la provincia argentina de Entre Ríos aseguran que no desean repetir ese escenario. Sin embargo, el paralelismo es inevitable. Nuevamente, un gran proyecto industrial en la margen uruguaya genera resistencia en la costa argentina.
Las cancillerías de ambos países mantienen conversaciones. Argentina no declara una oposición formal a la inversión, pero exige “extremar recaudos” para evitar perjuicios sobre actividades económicas preexistentes. Del lado uruguayo, el argumento central es técnico: los estudios de viabilidad ambiental se realizaron con esa localización específica y cambiarla implicaría retroceder años en trámites y autorizaciones.
Transición energética vs. identidad local
El debate va más allá de dos ciudades. En el fondo, enfrenta dos narrativas poderosas.
Por un lado, la transición energética. Uruguay ha trazado una hoja de ruta para posicionarse como productor de hidrógeno verde y derivados sintéticos. La exportación a Europa podría consolidar al país como actor relevante en la nueva economía baja en carbono.
Por otro, la defensa del territorio y de un modelo de desarrollo basado en el turismo y el paisaje natural. Para los habitantes de la ribera argentina, no se trata de oponerse a la energía limpia, sino de cuestionar la ubicación elegida.
El calendario añade presión. El primer memorándum se firmó en 2024. La empresa aspira a iniciar obras en 2026 y finalizar el complejo en 2029. Cada avance técnico o administrativo incrementa la tensión social al otro lado del río.
Mientras tanto, el horizonte permanece intacto, pero cargado de incertidumbre. En las playas tranquilas y en los despachos diplomáticos se repite la misma pregunta: ¿puede una mega inversión verde evitar convertirse en un nuevo foco de fractura regional?
La respuesta, por ahora, fluye con la corriente del río.
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