Como parte de la medida, las autoridades establecerán “zonas protegidas para protestas pacíficas” y trabajan con organizaciones, activistas y líderes religiosos
La Policía Estatal de Nueva Jersey asumió este viernes el control de las operaciones de seguridad pública en los alrededores de Delaney Hall, el centro federal de detención de inmigrantes ubicado en Newark, en un intento por reducir las tensiones derivadas de las protestas que se han mantenido durante más de una semana en el lugar.
El anuncio lo hizo la gobernadora Mikie Sherrill y la fiscal general estatal, Jennifer Davenport, durante una conferencia de prensa en las instalaciones de la Policía Estatal en West Trenton, informó NJ.com.
Como parte de la medida, las autoridades establecerán áreas identificadas como “zonas protegidas para protestas pacíficas” y ya trabajan con organizaciones comunitarias, activistas y líderes religiosos para trasladar a los manifestantes hacia esos espacios.
Además, se instalaron puestos de control vehicular en las inmediaciones del centro para reducir el tráfico y reforzar la seguridad.
“Sabemos lo que ha hecho el ICE en otros estados, sabemos que ciudadanos estadounidenses perdieron la vida y me niego a que eso suceda en Nueva Jersey. Todos debemos hacer lo posible para calmar los ánimos ahora”, declaró Sherrill.
El teniente coronel David Sierotowicz confirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aceptaron retirarse de la zona exterior cercana al centro de detención para permitir que la Policía Estatal asuma la gestión de la seguridad.
Por su parte, Davenport sostuvo que la intervención estatal busca garantizar simultáneamente la seguridad pública y el derecho a la protesta. “Nuestras fuerzas del orden están ahí para mantener a todos a salvo y para proteger el derecho a la protesta, y estamos comprometidos con ambos objetivos”, afirmó.
La fiscal general también condenó cualquier acto de violencia, independientemente de quién lo protagonice. “Quiero dejar esto claro: la violencia, ya sea contra los manifestantes o ejercida por ellos, es inaceptable y no nos representa”, señaló.
Tras el anuncio, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, publicó un mensaje en la red social X en el que calificó la decisión como “una victoria para la ley y el orden”.
Según NJ.com, Mullin también acusó a Sherrill de haberse resistido durante varios días a permitir que la Policía Estatal colaborara con los agentes federales desplegados en el área.
Mientras tanto, la gobernadora reiteró su oposición a la continuidad de Delaney Hall y aseguró que seguirá impulsando esfuerzos para cerrar la instalación. También indicó que continuará exigiendo que los agentes migratorios actúen con humanidad y que el Departamento de Salud estatal pueda realizar una inspección exhaustiva del centro.
“Delaney Hall es un centro de detención privado administrado por una empresa con fines de lucro, que carece por completo de transparencia”, afirmó Sherrill. “Seguiré trabajando con las familias y los defensores para exigir respuestas”, añadió.
Las manifestaciones comenzaron durante el fin de semana del Día de los Caídos, después de que organizaciones de defensa de inmigrantes denunciaran supuestas condiciones inhumanas dentro del centro, operado por la empresa privada GEO Group bajo contrato con el gobierno federal.
Activistas y exdetenidos han denunciado, de acuerdo con NJ.com, problemas que incluyen alimentos en mal estado, presuntos casos de hambre, falta de atención médica y condiciones deficientes de alojamiento. También han señalado que algunos detenidos realizan labores de limpieza, mantenimiento y servicio de alimentos por salarios de entre $1 y $2 dólares diarios, mientras que otros afirman no haber recibido remuneración durante meses.
La administración del presidente Donald Trump ha rechazado esas acusaciones y niega tanto la existencia de una huelga de hambre como las denuncias sobre condiciones inadecuadas. Funcionarios federales han descrito a algunos manifestantes como “alborotadores” que habrían ignorado órdenes policiales y agredido a agentes.
Las tensiones aumentaron esta semana luego de que GEO Group negara el acceso a Sherrill al centro de detención. El lunes, durante una protesta frente a las instalaciones, el senador demócrata por Nueva Jersey Andy Kim y otras personas fueron rociados con gas pimienta.
Además, el gobierno estatal informó que inspectores de salud no pudieron acceder a todas las áreas del centro durante una visita realizada el jueves.
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