En la solicitud de medida coercitiva, el MP indicó que la red desmantelada durante la Operación Pandora robó doscientas treinta mil trescientas cuarenta (230.340) cápsulas, calibre 5,56 mm, que se utilizan para fusiles, que constituyen armas de guerra y son no permitido a civiles.
Asimismo, indica que la red delictiva sustrajo ochenta y dos mil novecientos cuarenta y nueve (82.949) cartuchos calibre 12 milímetros, carga 6, diez mil cuatrocientos cuatro (10.404) cartuchos, calibre 12 milímetros, carga veintiséis mil uno. ciento veintiocho (26.128) cápsulas, calibre 7,62 mm y cuatrocientas ochenta y nueve mil novecientas siete (489.907) cápsulas, calibre 9 mm.
Así como doscientas treinta mil trescientas cuarenta (230.340) cápsulas, calibre 5,56 mm, ciento siete (117) cápsulas, calibre 45 mm, sesenta y ocho mil sesenta y seis (68.066) cartuchos de goma para escopeta, calibre 12 mm, cincuenta -nueve (59) gases lacrimógenos y treinta y un (31) proyectiles calibre 37 mm.
Según la solicitud de medida coercitiva, “los investigados identificaron y desarrollaron un mercado del crimen organizado, integrado por miembros de la Policía Nacional y civiles con antecedentes penales, quienes adquirían las municiones robadas con pleno conocimiento de su procedencia ilícita, para revenderlas”. a precios más elevados a policías, militares, civiles y armerías, destinados al comercio de armas, municiones y accesorios.
La red, supuestamente encabezada por el coronel Narciso Antonio Féliz Romeroquien encabezaba el Departamento de Armamento de la Policía Nacional, utilizaba su cargo para desviar proyectiles destinados a uso oficial. Junto con otros oficiales, como el Capitán Nelson Valdez y el auditor Víctor Manuel Santos, Desarrollaron un sistema para robar, almacenar y distribuir municiones, evadiendo los controles establecidos.
Además, se encuentran detenidos el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los soldados Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez y Miguelina Bello Segura, quienes se desempeñaron como piezas claves en la parte operativa de la organización. penal, según informó el Ministerio Público, que solicitará medida de coerción contra el imputado.
Los documentos detallan que las municiones robadas fueron vendidas a armerías y a particulares sin autorización para poseerlas.
Según el Ministerio Público, el Capitán Santos había sido auditor de la Administración de Armas durante más de seis años y además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los cabecillas de la red para intentar manipular nuevamente los números ante el avance. de la investigación, “acción que fue rápidamente detectada por los investigadores”.
La investigación que dio lugar a la Operación Pandora se inició el pasado mes de octubre, tras una petición conjunta del Ministerio del Interior y de la Policía y el director general de los servicios uniformados.
