La Fiscalía General de Nueva York presentó un escrito amicus curiae ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York en respaldo a las leyes santuario de la ciudad, impugnadas por el Departamento de Justicia.
El recurso solicita que se desestime la demanda federal contra las normas municipales que limitan la participación de funcionarios locales en la aplicación de leyes federales de inmigración civil.
Según la Fiscalía, estas disposiciones permiten que los inmigrantes “interactúen con las fuerzas del orden locales para denunciar delitos, servir como testigos y buscar ayuda sin temor”, y no impiden la cooperación con autoridades federales en asuntos penales.
El Departamento de Justicia demandó a la ciudad en julio de 2025, cuando Eric Adams era alcalde, al cuestionar la legalidad de estas políticas.
“El Departamento de Justicia está demandando a la ciudad de Nueva York y al alcalde Eric Adams por seguir obstruyendo la aplicación de la ley con políticas de ciudad santuario. Si los líderes de Nueva York no se esfuerzan por proteger a sus ciudadanos, nosotros lo haremos”, escribió la fiscal Pam Bondi en ese entonces en X.
En su presentación judicial, la Fiscalía de la Ciudad de Nueva York sostiene que las leyes municipales son compatibles con la legislación estatal y federal y que la normativa local no autoriza a la policía local a detener o arrestar personas por infracciones civiles migratorias, incluso a solicitud de autoridades federales.
“Las leyes santuario de la Ciudad de Nueva York ayudan a mantener seguras a nuestras comunidades”, indicó la Fiscalía en una declaración incluida en el comunicado.
Las leyes en cuestión se remontan a la década de 1980 y restringen el uso de recursos locales para la aplicación de normas migratorias civiles. De acuerdo con las autoridades, estudios citados en el escrito señalan que una proporción significativa de inmigrantes evita denunciar delitos por temor a que se consulte su estatus migratorio.
El tribunal deberá decidir si admite la solicitud de la ciudad para desestimar la demanda federal.
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