Posturas divididas
Un grupo de abogados ha señalado que el Ministerio Público ha actuado con parcialidad y abuso de poder, afirmando que mantiene “secuestrada la justicia” al presentar acusaciones que, según ellos, carecen de sustento probatorio suficiente. Estos abogados consideran que las medidas coercitivas impuestas, especialmente la prisión preventiva contra siete de los acusados, son desproporcionadas y vulneran el principio de presunción de inocencia.
Por otro lado, otro sector de defensa ha manifestado su apoyo a las medidas dictadas, pero sostiene que los plazos y condiciones no son justos para sus clientes. Estos abogados anunciaron que presentarán recursos en los próximos días, con el objetivo de reducir los plazos de prisión preventiva o buscar alternativas menos restrictivas, como el arresto domiciliario o la presentación periódica.
Resumen de las medidas dictadas
El juez Veloz, luego de deliberar durante cuatro horas, impuso las siguientes medidas:
1. Prisión preventiva por 18 meses, que se cumplirá en el penal de Operaciones Especiales, por:
• Coronel Narciso Antonio Féliz Romero, señalado como principal responsable del desvío de más de 900 mil proyectiles.
• Teniente de alcalde Juan Miguel Pérez Soler.
• Capitán Nelson Valdez.
• Subteniente Marino Antonio Rodríguez Toribio.
• Cabo Juan Luis Díaz Medina.
• Los soldados Rubiel Martínez (Escobar) y Moreibín Medina.
2. Garantías económicas y medidas restrictivas:
• Víctor Manuel Santos, interventor, deberá pagar tres millones de pesos, presentarse periódicamente ante las autoridades y reportar cualquier salida del país.
• Miguel Ángel Gómez Espaillat, sargento mayor, recibió las mismas restricciones, pero con una garantía financiera de dos millones de pesos.
3. Arresto domiciliario:
• Miguelina Bello Segura, única civil en el caso, quien habría colaborado con la red y firmado un convenio con el Ministerio Público para seguir brindando información en el proceso judicial.
El debate sobre el papel del Ministerio Público
El Ministerio Público ha defendido su actuación asegurando que las pruebas presentadas son contundentes y suficientes para sustentar las medidas. Según las investigaciones, los imputados formaban parte de una red que desvió ilícitamente más de 900.000 proyectiles de los almacenes oficiales de la Policía Nacional para comercializarlos de forma irregular.
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Por su parte, abogados críticos con el proceso han acusado al Ministerio Público de convertir el sistema de justicia en un mecanismo de persecución mediática, argumentando que las pruebas presentadas carecen de fundamento jurídico suficiente para justificar las medidas impuestas.
Apelaciones y próximos pasos
Se espera que en los próximos días se presenten recursos por parte de la defensa, lo que podría reconfigurar las medidas coercitivas impuestas. Mientras tanto, los imputados permanecerán bajo las condiciones establecidas por el tribunal, mientras el caso continúa en una investigación que promete revelar más detalles sobre esta red criminal.
La Operación Pandora continúa siendo uno de los casos más sonados y divisivos de los últimos años, revelando profundas tensiones entre el Ministerio Público, la defensa y el sistema judicial dominicano.
