La Vega. – Recientemente, un reportaje de un medio de circulación nacional ha puesto de relieve la problemática de la extracción ilegal de arena y otros materiales en el río Camú. A pesar de las intervenciones y sanciones impuestas por el Ministerio de Medio Ambiente en La Vega, esta práctica continúa ocurriendo en diversos puntos de la provincia.
Intervenciones en el ecosistema
Las autoridades ambientales han declarado que actualmente están llevando a cabo varios procesos de intervención en áreas específicas del afluente, con el objetivo de proteger y preservar el ecosistema local. Sin embargo, reconocen que las operaciones clandestinas de extracción siguen siendo uno de los principales desafíos para la conservación de los recursos naturales en la zona.
Las prácticas ilegales son ejecutadas por grupos que operan de manera recurrente, lo que complica los esfuerzos de control y protección del recurso hídrico. En muchos casos, son los propios residentes quienes alertan sobre las irregularidades detectadas en los cauces de los ríos.
«No te puedo hablar específicamente de ese caso porque no tengo la evidencia, pero en otras comunidades se nos ha denunciado y la denuncia nos llega por parte de comunitarios que en algún momento fueron beneficiados y que ya no están siendo beneficiados por los procesos de extracción», explicaron las autoridades.
Limitaciones del Ministerio de Medio Ambiente
A pesar de los esfuerzos, la dirección provincial cuenta con apenas una decena de técnicos ambientales y un equipo reducido para supervisar una demarcación con una población cercana al medio millón de habitantes. Esto plantea un gran reto para la capacidad operativa del ministerio.
- Capacidad limitada: «Como ministerio no tenemos una capacidad operativa para abarcar todo. No podemos tener personas al frente de cada situación. Ahora, cuando los sorprendemos, cuando se detienen, entonces los procesamos y se les imponen las sanciones correspondientes», indicaron.
- Operativos periódicos: La vigilancia se realiza mediante operativos periódicos, aunque se reconoce que se trata de una problemática compleja que se reproduce en distintas provincias del país.
Redes de extracción y presión social
Las autoridades también han señalado que en algunas localidades existen grupos organizados que ejercen presión para mantener las actividades extractivas. En particular, mencionaron la influencia de los sindicatos de camiones, que están bien empoderados y pueden interrumpir el tránsito y la carga en ciertas áreas.
«Aquí en La Vega no se han hecho ese tipo de actividades, pero en zonas como Maimón los camioneros paran el tránsito y la carga», manifestaron.
Compromiso del Ministerio de Medio Ambiente
Las autoridades reiteraron que el Ministerio de Medio Ambiente no respalda este tipo de prácticas ilegales y que, cuando los responsables son identificados, se aplican los procedimientos correspondientes. Sin embargo, la escasez de personal limita la capacidad de respuesta de la entidad frente a la extracción ilegal de materiales.
«Como el Ministerio de Medio Ambiente definitivamente no somos partícipes de que ese tipo de conducta o de prácticas se dé», señaló Alfonsina Acosta, miembro de coordinación de la institución medioambiental.
La necesidad de acción inmediata
La situación actual evidencia el desafío que enfrenta la provincia para proteger sus recursos hídricos. A pesar de los operativos, las sanciones y los esfuerzos de vigilancia, la extracción ilegal de materiales continúa dejando huellas sobre el río Camú.
Tanto las autoridades como los comunitarios coinciden en la necesidad de reforzar las acciones de vigilancia y preservación antes de que los daños al afluente sean irreversibles. La colaboración entre el ministerio y la comunidad es esencial para abordar esta problemática y asegurar un futuro sostenible para el río Camú.
Fuente informativa
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