Una corte federal bloqueó partes clave de una política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump que buscaba restringir el derecho de los inmigrantes a apelar órdenes de deportación, una decisión que, según organizaciones demandantes, preserva una vía fundamental para revisar estos casos.
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió la orden la noche del domingo en el caso Amica Center for Immigrant Rights et al. v. Executive Office for Immigration Review et al., bloqueando elementos significativos de una nueva política que habría reducido de forma drástica la revisión de apelaciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
Según los demandantes, la norma habría impuesto cambios profundos que habrían debilitado significativamente el derecho de los inmigrantes a apelar decisiones en sus casos migratorios.
El litigio impugnaba la regla interina final publicada el 6 de febrero de 2026 titulada “Procedimientos de apelación para la Junta de Apelaciones de Inmigración”, que estaba programada para entrar en vigor el 9 de marzo.
La demanda fue presentada por varias organizaciones, entre ellas Amica Center for Immigrant Rights, Brooklyn Defender Services, Florence Immigrant & Refugee Rights Project, HIAS y National Immigrant Justice Center, con representación legal de Democracy Forward, el American Immigration Council y el propio National Immigrant Justice Center.
Erez Reuveni, asesor principal de Democracy Forward que presentó los argumentos orales, afirmó que el fallo deja claro que la administración Trump-Vance “no puede manipular el sistema de apelaciones migratorias para eliminar el debido proceso básico y acelerar deportaciones”.
¿Qué bloquea la decisión?
Entre las medidas ahora bloqueadas por el tribunal se encontraba la reducción del plazo para presentar la mayoría de las apelaciones de 30 días a solo 10 días.
También se establecía que las apelaciones serían desestimadas automáticamente a menos que una mayoría de los miembros permanentes de la BIA votara dentro de ese mismo plazo para aceptar el caso a revisión.
Además, la regla permitía que se rechazaran apelaciones incluso antes de que se elaboraran las transcripciones de las audiencias o se enviaran los registros completos del caso, lo que, según los demandantes, habría hecho prácticamente imposible una revisión significativa.
Los demandantes argumentaron que la regla fue emitida sin el período obligatorio de consulta pública y comentarios.
Señalaron que exigir el rechazo automático de apelaciones si la junta no actuaba en 10 días —incluso antes de que existieran transcripciones o registros completos— habría hecho “funcionalmente imposible” la revisión real de muchos casos de deportación.
“En un momento en que los derechos al debido proceso de los inmigrantes están bajo ataque, este fallo evita que la BIA llegue a un punto cercano a la autodestrucción”, afirmó Emilie Raber, abogada sénior del Amica Center for Immigrant Rights. “Esperamos que esta decisión sea el primero de muchos pasos para garantizar que los tribunales de inmigración tomen decisiones basadas en la ley y no en resultados predeterminados”.
“Vía vital”
Lucas Márquez, director de Derechos Civiles y Reforma Legal de Brooklyn Defender Services, señaló que la decisión “preserva una vía vital para la revisión judicial en los procedimientos de deportación” y recordó a las agencias gubernamentales que deben seguir los procedimientos adecuados cuando intentan introducir cambios regulatorios amplios.
Laura St. John, directora legal del Florence Immigrant & Refugee Rights Project, afirmó que el fallo mantiene “una protección básica pero crítica para los inmigrantes que enfrentan deportación: la capacidad de apelar su caso”.
Según dijo, sin esta decisión “innumerables inmigrantes con reclamos válidos habrían sido deportados apresuradamente a condiciones peligrosas”.
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