Jueces de la Corte Suprema cuestionaron los argumentos del Gobierno y pusieron en duda la base legal para limitar la ciudadanía a hijos de indocumentados
Una coalición de fiscales generales de Estados Unidos defendió ante la Corte Suprema el derecho a la ciudadanía por nacimiento y expresó su confianza en que el tribunal declarará inconstitucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar ese beneficio para hijos de inmigrantes indocumentados.
Durante la audiencia, los fiscales —respaldados por organizaciones civiles— argumentaron que la medida contradice la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la ciudadanía automática a toda persona nacida en el país, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, aseguró que la coalición confía en que el máximo tribunal concluirá que la orden “viola nuestra Constitución”, además de leyes federales y un principio legal vigente por más de 150 años.
La orden ejecutiva, firmada por Trump en enero de 2025, ya fue bloqueada en instancias judiciales inferiores, pero ahora enfrenta una revisión definitiva en la Corte Suprema, que analiza su constitucionalidad en el caso “Bárbara vs Trump”.
Según los demandantes, la aplicación de la medida podría afectar a unos 250,000 niños al año, al negarles la nacionalidad estadounidense pese a haber nacido en el país.
Apoyo de organizaciones
La Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) y otros grupos de defensa de inmigrantes respaldaron los argumentos de los fiscales, advirtiendo que la orden representa un intento de reinterpretar la Constitución.
En la misma línea, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) sostuvo que privar de ciudadanía a estos menores sería “legalmente indefendible” y afectaría principios fundamentales del sistema democrático.
El presidente Trump asistió personalmente a la audiencia, convirtiéndose en el primer mandatario en ejercicio en presenciar argumentos orales ante la Corte Suprema en un caso de este tipo.
Cuestionamientos de los jueces
En la sesión, varios magistrados expresaron dudas sobre los argumentos del equipo legal del Gobierno. El presidente del tribunal, John Roberts, calificó de “muy peculiares” las justificaciones presentadas, al cuestionar que se utilicen casos excepcionales —como hijos de diplomáticos o situaciones de guerra— para sustentar una medida con impacto sobre millones de personas.
Por su parte, Neil Gorsuch puso en duda el sustento jurídico de la orden al señalar que la administración recurre a “fuentes de derecho romano” y cuestionó el uso del precedente histórico de 1898 sobre ciudadanía por nacimiento.
En la misma línea, Elena Kagan criticó que el Ejecutivo esté utilizando referencias “bastante rebuscadas” para justificar su postura y señaló inconsistencias en el argumento central presentado por la defensa.
El abogado del Gobierno, John Sauer, sostuvo que la interpretación histórica respalda excluir a hijos de personas con estatus irregular, pero Kagan replicó que su argumentación se centra en residentes temporales y no en inmigrantes indocumentados, lo que debilita la base de su planteamiento.
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