José Martínez Brito analiza el caso de Wander Franco y los sucesos de Sosúa
El abogado y comunicador José Martínez Brito analizó en el reconocido programa radial “Esto no es radio” el complejo caso de Wander Franco, estableciendo una cronología desde 2017 hasta los recientes acontecimientos que han captado la atención pública.
El 26 de junio de 2025, Franco fue declarado culpable de propasarce contra una menor y recibió una pena suspendida de dos años, mientras la madre de la joven fue sentenciada a 10 años por explotación. Esta disparidad en las condenas generó extrañeza. Previamente, Franco había sido encontrado con un instrumento ilegal en San Juan de la Maguana.
Los eventos recientes comenzaron el 5 de septiembre cuando Franco publicó un video afirmando que había perdido un millón de pesos en su hotel de Sosúa. Al día siguiente, su abogado se disculpó públicamente diciendo que el dinero había aparecido, pero Franco lo contradijo en otro video: “Ese ya no es mi abogado, yo lo hubiera despedido hace una semana y el dinero no aparece”.
Martínez Brito expresó sospechas: “Aquí hay algo que anda mal”, sugiriendo que se podría estar ocultando información delicada. Franco posteriormente envió mensajes pidiendo apoyo para desmentir a su abogado: “Necesito su ayuda para que desmiente esas declaraciones de ese abogado”.
El 7 de septiembre, Franco fue interceptado por la Policía Nacional y perjudico al coronel que intentaba detenerlo. Durante el allanamiento de su habitación, que transmitió en vivo, gritó: “¡Ay, ay, la mano, la mano, la mano!”. Brito señaló la extrañeza de que no se presentara querella ni operativo de búsqueda: “es que aquí nada cuadra”.
El 9 de septiembre se reveló que Franco había sido internado en una clínica de salud mental privada en Baní. El vocero policial Diego Pesqueira confirmó que la detención fue solicitada por la familia debido a un episodio de salud mental, no por el incidente vial.
Esta revelación da nuevo sentido al caso. Martínez Brito especula que documentación sobre la salud mental de Franco pudo influir en su sentencia benévola. Explica que familias adineradas suelen ocultar afecciones mentales para evitar que sus miembros sean declarados “interdictos”, perdiendo control sobre su dinero y contratos.
El abogado concluye que el caso trasciende lo judicial, sugiriendo que los recientes eventos y el dinero en efectivo podrían indicar intentos de huida relacionados con problemas de salud mental que estarían en el centro de toda la situación.
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