El Ministerio Público ha llevado a cabo la Operación Camaleónoperativo que se saldó con varios allanamientos y la detención de siete personas involucradas en supuestas irregularidades en un contrato adjudicado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTRANT) a la empresa Transcore Latam.
Según orden de aprehensión 2024-AJ0020784, emitida por Fátima Scarlette Veloz Suárez, jueza titular del Juzgado Décimo de Instrucción del Distrito Nacional, el proyecto para “modernizar el sistema de control de tránsito y la red de semáforos” estaba presupuestado inicialmente en sólo RD$ 104 millones en el Plan Operativo Anual (POA). Sin embargo, a pesar de la falta de fondos asignados, en enero de 2023, Hugo Beras, en complicidad con Frank Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez y José Ángel Gómez Canaán (Jochy), conformó una asociación delictiva que derivó en la desvío de fondos. Sin justificación, el monto del contrato fue elevado a RD$ 1,200 millones, lo que representa un sorprendente aumento de 1,053%.
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Señala que este cambio fue realizado por la Dirección de Planificación y Desarrollo, bajo la dirección de Erzsike Giselle Bobadilla Zimmermann, y se realizó por pedido directo de Hugo Beras. El pliego de condiciones fue manipulado para favorecer Transcore Latam SRL., adaptando los requerimientos a las necesidades de la empresa. En enero de 2023, Beras solicitó a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y a través de Frank Atilano Díaz Warden, coordinar la contratación del proyecto. Sin embargo, no existía documentación técnica ni financiera que respaldara el costo exorbitante del proyecto.
El Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT, mediante acta no. 0002-2023 del 17 de febrero de 2023, autorizó la licitación, nombrando como coordinador de los peritos a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, comprometiendo así la imparcialidad del proceso, toda vez que él había sido quien originalmente solicitó la licitación.
Las irregularidades Continuaron con la falsedad en el origen de los recursos, ya que en el documento se decía que los fondos estaban disponibles en el presupuesto 2023 del INTRANT, aunque el proyecto no estaba contemplado en dicho presupuesto. Los fondos fueron solicitados en mayo de 2023 y obtenidos mediante una transferencia del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), de conformidad con la Ley núm. 491-06 de Aviación Civil. Esta transferencia ascendió a $1.200 millones, distribuidos en tres desembolsos: $240 millones en junio, $600 millones en septiembre y $360 millones en octubre.
