Ante la licitación del Proyecto de Modernización y Gestión del Sistema Integral Semáforo del Gran Santo Domingo, una carta enviada a las oficinas del Intrant el 17 de mayo de 2023, advirtió al entonces director Hugo Beras sobre la importancia de mantener la información bajo estricta confidencialidad. plataforma del semáforo, que debería ser controlada exclusivamente por el Estado dominicano por su carácter “altamente sensible” para la seguridad nacional.

Pese a esta clara advertencia del director de la DNI, Luis Soto, Beras decidió continuar firmando contrato con Transcore Latam SRL, acuerdo que no sólo contraviene las recomendaciones, sino que también le ha generado graves acusaciones judiciales.


La carta subrayaba que cualquier acceso externo no controlado podría poner en riesgo infraestructuras críticas, como la red de semáforos que regula el tráfico en una de las ciudades más importantes del país. La advertencia fue explícita: la confidencialidad y el control estatal eran esenciales para prevenir amenazas a la seguridad vial y al orden público. Sin embargo, Beras, junto con su jefe de gabinete, Frank Atilano Díaz Warden, ignoraron estas recomendaciones y firmaron el contrato el 19 de junio de 2023, a pesar de haber sido advertidos previamente sobre posibles irregularidades.

El escándalo se intensificó con la denuncia por malversación presentada por el vicepresidente senior de Transcore, Michael R. Mauritz, quien negó cualquier relación con la empresa. Este escenario se complicó aún más cuando se presentaron pruebas de que la empresa había utilizado información técnica no autorizada para participar en el proceso de licitación, poniendo en duda la legitimidad de su contrato.

Además, se detectaron irregularidades en la instalación de equipos en 305 intersecciones, donde el 90% de los componentes no coincidían con lo prometido en la prueba de concepto. Se informó que muchos de los equipos tenían nombres diferentes, lo que añadió una capa de complicidad y desconfianza a un proceso que ya estaba rodeado de controversia.

Las decisiones de Hugo Beras no sólo han hecho caso omiso de las advertencias legales y técnicas, sino que también han puesto en jaque la seguridad del tráfico en Santo Domingo, poniendo de relieve la gravedad de gestionar un proyecto tan crítico fuera del control estatal. La situación plantea una cuestión sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la protección de infraestructura clave y la necesidad de un mayor escrutinio en la asignación de contratos gubernamentales.