SANTO DOMINGO. – El abogado Plutarco Jáquez sostuvo que la defensa de Antonio Espaillat se limitó a solicitar un nuevo estudio técnico sin cuestionar de manera concreta el peritaje ya realizado y utilizado para sustentar la medida de coerción, y además lo hizo siete meses después, lo que a su juicio evidenciaba una clara táctica dilatoria dentro del proceso judicial.
Jáquez explicó que, conforme al artículo 217 del Código Procesal Penal, para que proceda un contra-peritaje es obligatorio señalar de forma precisa las dudas, contradicciones o falencias del informe existente, requisito que, aseguró, no fue cumplido en la solicitud presentada por la defensa.
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Asimismo, cuestionó que los peritos propuestos no pertenezcan a instituciones técnicas imparciales como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), sino que sean personas vinculadas laboralmente a la parte solicitante, lo que, dijo, comprometería la objetividad y credibilidad de cualquier nuevo informe.
En ese mismo sentido, el abogado Félix Portes coincidió en que la solicitud debía ser rechazada por extemporánea, al tratarse de una etapa procesal ya superada, y por no cumplir con los requisitos formales exigidos por la ley para la designación de peritos, como la acreditación de la calidad habilitante.
Portes advirtió además que autorizar un nuevo peritaje en esta fase podría afectar la integridad de las pruebas recolectadas por el Ministerio Público, al poner en riesgo la cadena de custodia de los escombros y demás evidencias materiales del caso.
Ambos juristas valoraron positivamente la decisión del juez de rechazar la solicitud, al considerar que garantiza el principio de preclusión y permite que el proceso avance hacia el conocimiento del fondo del caso, sin dilaciones indebidas.
