En ese sentido, el jurista Luis Rivas alegó que el Ministerio Público no tiene el arraigo necesario para que su cliente sea puesto en prisión preventiva y se lleve el caso por las acusaciones detalladas en el expediente presentado por el organismo.
“En nuestro caso estamos pidiendo libertad pura y dura porque no se cumplen los presupuestos que justifican una medida de coerción”, dijo Rivas al salir de la audiencia para solicitar una medida de coerción, la cual fue postergada por 25 minutos.
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Asimismo, sostuvo que su representante no presenta riesgo de fuga, al tiempo que detalló que por estos motivos solicitarán que se declare nulo el allanamiento y detención.
Se recuerda que además de Beras, en el expediente figuran José “Jochi” Gómez-Canaán, dueño de las empresas Transcore Latam y Aurix; Frank Díaz Warden, coordinador de Oficina y representante de Beras ante el Comité de Compras Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología de Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exjefe del Centro de Control de Tránsito Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.
Según el Ministerio Público, los imputados pertenecen a una red de corrupción y crimen organizado dedicada a la malversación, fraude al Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, mediante alta tecnología y suplantación de identidad.
