Una jueza federal autorizó este sábado la continuidad de las redadas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el estado de Minnesota, escenario de masivas protestas y de la muerte de dos manifestantes por disparos de agentes federales.
La jueza Katherine Menéndez rechazó la medida cautelar solicitada por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, junto a los alcaldes de Minneapolis y Saint Paul, quienes buscaban frenar los operativos al considerar que el Departamento de Seguridad Nacional incurrió en violaciones a garantías constitucionales.
Tras conocerse el fallo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró la decisión a través de redes sociales y la calificó como “una victoria para la seguridad y el orden público”.
Las redadas forman parte de la operación Metro Surge, lanzada por el gobierno en diciembre pasado con el objetivo de arrestar a migrantes indocumentados en Minnesota, un estado gobernado por demócratas.
Desde su inicio, los operativos han sido rechazados por autoridades locales y por miles de manifestantes que exigen la retirada de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas
Durante las protestas, dos manifestantes —Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años y ciudadanos estadounidenses— murieron tras recibir disparos de agentes federales, hechos que provocaron una ola de indignación a nivel nacional.
Ante el aumento de la tensión, Trump envió a Minnesota a su zar fronterizo Tom Homan con el objetivo de reducir el conflicto, aunque dejó claro que las redadas no serán suspendidas.
Trump ordena retirar agentes federales de protestas
Horas después del fallo judicial, Trump anunció que ordenó retirar a los agentes federales de las manifestaciones en Minneapolis y en otras ciudades gobernadas por demócratas, aunque aseguró que se mantendrá una protección estricta de las instalaciones federales.
“He instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia participaremos en protestas o disturbios en ciudades demócratas mal administradas, a menos de que nos soliciten ayuda”, escribió el mandatario en la red social Truth.
Con esta decisión, el presidente dejó en manos de los gobiernos estatales y locales la responsabilidad de garantizar la seguridad durante las manifestaciones y de responder ante posibles disturbios. No obstante, advirtió que los agentes federales actuarán para defender edificios propiedad del gobierno.
“No se permitirá escupir a nuestros oficiales, ni golpear nuestros vehículos, ni lanzar piedras o ladrillos. Quienes lo hagan enfrentarán consecuencias iguales o mayores”, afirmó.
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