Un tribunal federal ordenó este lunes al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas restablecer de inmediato las inspecciones sin previo aviso por parte de miembros del Congreso en los centros de detención de inmigrantes.
La decisión se produjo tras conceder una medida cautelar de emergencia solicitada por 13 legisladores, informó la organización legal Democracy Forward.
El fallo reafirma el derecho y el deber constitucional del Congreso de supervisar las condiciones de detención y obliga al DHS a permitir el acceso directo a las instalaciones, sin notificación previa, tal como lo establece la ley federal.
La medida permite a los legisladores ingresar en tiempo real a los centros de ICE, hablar con personas detenidas e investigar denuncias de hacinamiento, uso de grilletes, falta de atención médica y restricciones al acceso a asesoría legal.
De acuerdo con Democracy Forward, la orden judicial responde a un intento reciente del DHS de restablecer de forma discreta un requisito de aviso previo para las visitas del Congreso.
Ese cambio fue introducido mediante un memorando no divulgado públicamente por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, después de que un tribunal suspendiera una política similar en diciembre.
El documento solo salió a la luz cuando a varios congresistas se les negó el acceso a una instalación de ICE en Minnesota, pese a presentar una orden judicial válida.
Las organizaciones demandantes sostuvieron que esas negativas obstaculizaron la función de supervisión del Congreso, en un contexto marcado por informes crecientes de abusos, violencia y muertes bajo custodia migratoria.
El caso, destacó Democracy Forward, cobró mayor relevancia tras el tiroteo en el que murió Alex Pretti, un ciudadano estadounidense, a manos de un agente federal en Minnesota.
“El tribunal dejó claro que ICE no puede bloquear ilegalmente la supervisión del Congreso”, afirmó el congresista Joe Neguse, uno de los demandantes, tras conocerse el fallo.
Asimismo, la presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, señaló que la decisión “restablece la capacidad del Congreso para exponer condiciones peligrosas de detención y proteger a las personas bajo custodia del gobierno”.
American Oversight, que también representa a los legisladores, sostuvo que el fallo refuerza el principio de rendición de cuentas. Su directora ejecutiva, Chioma Chukwu, afirmó que la administración no puede ocultar prácticas de detención “inhumanas y mortales” del escrutinio público.
Entre los demandantes figuran el representante Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso; Bennie Thompson, miembro de mayor rango del Comité de Seguridad Nacional; Jamie Raskin, del Comité Judicial, y Robert García, del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental.
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