Santo Domingo.- La implementación de cámaras corporales en los operativos de los fiscales constituye una de las principales medidas para fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en el Ministerio Público, de acuerdo con el nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026-2029 de la Procuraduría General de la República.
Esta decisión, anunciada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, responde a la necesidad de aportar pruebas técnicas irrefutables en cada allanamiento y acompañar la modernización de la institución, se realizó el acto oficial este lunes.
Al presentar el PEI, Reynoso remarcó que la iniciativa se apoyará en tres ejes principales: eficiencia —para asegurar acciones oportunas y de calidad—, transparencia y compromiso con la dignidad y los derechos de las personas.
Desde este enfoque, el uso de cámaras en los procedimientos legales forma parte de “una ambiciosa agenda de innovación que incluye la digitalización de expedientes, el uso de inteligencia artificial y el equipamiento de fiscales con cámaras corporales”, expresó Reynoso en el acto oficial. El objetivo de esta medida es “garantizar la transparencia en los allanamientos, asegurando que cada proceso esté blindado por evidencia técnica irrefutable”.
Durante el evento realizado en la quinta planta del edificio de la Procuraduría General, se explicó que, junto a la eficiencia y la transparencia, el tercer eje estratégico— el compromiso—impulsa una gestión orientada al respeto de los derechos individuales. Según la Procuraduría, este modelo ratifica el papel del Ministerio Público como “arquitecto de la paz social”, capaz de combinar firmeza y empatía a fin de procurar una justicia que preserve la armonía y el Estado de derecho.
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A escala operativa, la Procuraduría destacó que el plan contempla el fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público y la transformación total del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), abarcando tanto el capital humano como la inversión en infraestructura y tecnología de última generación.
Según informaron las autoridades, el desarrollo del plan consideró la opinión de más de 500 colaboradores de diversas áreas y fue complementado con consultas a sectores externos, incluyendo el Poder Judicial, la Defensoría Pública, organizaciones civiles y abogados del sector privado.
La elaboración del PEI contó con el aporte técnico internacional de Javier Vallejo Poza de Coast to Coast Consulting y del experto nacional Michel Camacho, gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
En la presentación participaron altos funcionarios del Ministerio Público, responsables de las principales áreas operativas y representantes de las unidades de investigación, junto a los directivos administrativos. Los responsables del área de planificación, de tecnología y de corte detallaron proyectos como el Primer Catastro Penitenciario y otros avances tecnológicos en curso.
Dentro de sus objetivos, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de liderar una persecución penal firme y estratégica contra el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, el cibercrimen, la trata y tráfico de personas, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la delincuencia juvenil, así como cualquier otra manifestación criminal, enfatizando la prioridad de proteger la armonía social.
El plan también prevé la creación de fiscalías comunitarias y centros de atención integral para acercar los servicios del Ministerio Público a la ciudadanía y garantizar un acceso efectivo a la justicia.
