El periodista Guillermo Gómez, padre del empresario José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, informó este domingo que horas antes de conocerse la medida de coerción en el caso Operación Camaleón, el Ministerio Público supuestamente le pidió a su hijo acusar al exdirector del Intrant. , Hugo Beras, por haber recibido sobornos millonarios.
La denuncia fue realizada por el periodista en su programa Aeromundo, que se transmite por Color Visión, donde afirmó que su hijo Jochi Gómez, quien se encuentra en prisión como medida de coerción por el caso Camaleón, se negó a aceptar la propuesta.
«El mismo día que citaron a Jochi para conocer la medida coercitiva, lo citaron, es decir, la medida fue a las 2:00 de la tarde, y desde su cárcel en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva fue trasladado al Fiscalía General ante ese Ministerio Público y a las 12:30 Jochi y sus abogados van a esa reunión con el Ministerio Público y lo que pasó ahí, le piden a Jochi que acuse a Hugo Beras, que lo acuse de haber recibido sobornos millonarios”, dijo Guillermo. Gómez.
Aseguró que Jochi respondió “que él no hizo eso y que además no podía hacer algo de esa naturaleza porque (los sobornos) no sucedieron”.
Continuó diciendo que: “los abogados se tomaron un descanso para llamarme y preguntarme mi posición, la posición de mi esposa Asunción y la mía era la misma que la de Jochi, y no acusamos a nadie y mucho menos con falsedades”.
“Acusar a Hugo Beras para que mi hijo se salve con medidas como lo han hecho con otros, eso no es posible, no somos ese tipo de personas. Además la firmeza de mi hijo Jochi fue decirles que no, la misma postura que su padres”, resaltó.
Dijo que al acusar a Hugo Beras “de algo que no hizo, tendrían esa causa contra el exdirector del Intrant”.
todo será respondido
Guillermo Gómez dijo que, así como su familia ha soportado las cosas que el Ministerio Público ha dicho sobre Jochi, también espera “que ahora también acepten que vamos a defender la inocencia de mi hijo”. “Cada una de estas acusaciones será contestada una a una y no habrá secretos, se sabrá todo”, subrayó.
Aseguró que el Ministerio Público se dedicó a suministrar información falsa a una comunidad comunicacional, creando un ambiente para que la sociedad acuse y condene a su hijo por todo lo que han dicho sobre él.
«Aquí va a salir todo, o sea, si nosotros tuvimos la tolerancia de escuchar todas estas filtraciones para desprestigiar a mi hijo, también deben tener paciencia para escuchar cada una de las declaraciones con pruebas que se van a presentar en todas estas situaciones y donde “un Ministerio Público quedará muy desprestigiado”, advirtió.
El viernes pasado, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres imputados en el caso de presunta corrupción perpetrada por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).
La medida coercitiva fue dictada contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix SAS y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exjefe del Centro de Control de Tránsito Intrant.
El imputado deberá cumplir prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre.
Mientras que para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, la jueza Fátima Veloz ordenó arresto domiciliario y presentación de informes periódicos.
Por su parte, los imputados Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras Intrant; A Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y a Carlos José Peguero Vargas se les entregó garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica como medida cautelar.
La investigación del Ministerio Público, que la ha denominado Operación Camaleón, se centra en una presunta red de corrupción relacionada con una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1.317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam. propiedad de Jochi Gómez.
Las irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.
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