Santo Domingo.– El ambientalista Luis Carvajal, vocero de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, calificó como “misteriosa, temeraria y altamente peligrosa” la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la reducción del Parque Nacional Jaragua, al considerar que no solo contradice la Constitución y varias leyes ambientales, sino que abre la puerta a la desarticulación total del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Carvajal cuestionó la rapidez y opacidad con que se produjo la decisión judicial. Explicó que el expediente fue depositado el 28 de octubre, la primera audiencia se convocó para el día 13, se aplazó para el 20 y ese mismo día se conoció el fondo y se emitió la sentencia.
“Nosotros no sabíamos nada de este proceso. Nos enteramos prácticamente ayer, pese a que el Ministerio de Medio Ambiente estuvo presente”, afirmó.
El ambientalista sostuvo que la decisión del TSA choca frontalmente con el artículo 67 de la Constitución, que consagra el principio de progresividad ambiental y establece que la reducción de los límites de un área protegida solo puede hacerse mediante una ley aprobada por las dos terceras partes del Congreso Nacional. Además, señaló que contradice la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04 y el marco legal que rige el ordenamiento territorial de estos espacios.
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Uno de los aspectos más graves, según Carvajal, es que la sentencia ordena modificar el mapa del parque sin establecer coordenadas geográficas precisas. Detalló que el fallo se refiere a unos 12.5 millones de metros cuadrados, distribuidos en cuatro parcelas de más de tres millones de metros cada una, reclamadas por la empresa Inversiones del Sur, vinculada a la familia Gadala-María.
Carvajal recordó que no es la primera vez que este grupo empresarial mantiene conflictos con el Estado dominicano por tierras públicas. Indicó que desde la década de 1960, cuando Elías Gadala-María impugnó la nacionalización de propiedades asociadas a la familia Trujillo, los litigios han sido recurrentes.
“En tribunales anteriores ya se había rechazado la validez de esos títulos, tanto en instancias ordinarias como en el Tribunal Superior de Tierras”, dijo.
Explicó que, en esta ocasión, la estrategia legal fue distinta. Ante el TSA, la empresa no reclamó directamente la titularidad de las tierras, sino que alegó que la Ley 266-04, que creó el Polo Turístico de la Región Suroeste, le impedía comercializar o invertir en sus supuestos terrenos por estar dentro del Parque Jaragua.
“Ese argumento es el que utiliza el tribunal para ordenar la modificación del mapa, lo cual resulta sumamente dudoso”, apuntó.
Para Carvajal, lo más preocupante no es solo esta sentencia, sino el modelo que podría repetirse. Recordó un precedente similar en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, donde una decisión judicial llegó a reconocer más de 700 kilómetros cuadrados a un particular, fallo que posteriormente fue anulado.
“Si esta sentencia se asume como válida, elimina de facto el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, advirtió.
El ambientalista alertó que existen numerosos reclamos similares en distintas zonas del país, incluyendo la Laguna de Oviedo, Valle Nuevo y otras áreas de alto valor ecológico.
“Hay una presión enorme y reiterada sobre los bienes públicos, con personas que aparecen una y otra vez en distintos expedientes, intentando medrar sobre el patrimonio natural del Estado”, afirmó.
Ante este escenario, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas anunció que se involucrará activamente en todos los procesos judiciales relacionados con el caso, ya sea como interviniente voluntario o impulsando acciones legales. Carvajal aseguró que, de ser necesario, acudirán tanto a la Suprema Corte de Justicia como al Tribunal Constitucional para lograr la anulación del fallo.
Asimismo, llamó a la Procuraduría Ambiental y a la Procuraduría General de la República a investigar cómo se continúan utilizando títulos que ya han sido declarados inválidos y cómo se llegó a una decisión que calificó de “absurda”.
“Cuando vemos un fallo como este, las explicaciones posibles son temeridad, desconocimiento o complicidad. Eso debe determinarlo el Ministerio Público”, expresó.
Carvajal también exhortó al Poder Judicial a establecer mayores mecanismos de control sobre decisiones que impactan áreas protegidas y a la ciudadanía a mantenerse vigilante y movilizada.
“Bahía de las Águilas sigue siendo pública porque el pueblo la defendió en las calles y en los tribunales. El sistema de áreas protegidas existe porque la sociedad dominicana lo ha defendido”, concluyó.
El Ministerio de Medio Ambiente informó que recurrirá la sentencia y advirtió que el fallo pone en riesgo la integridad del SINAP, mientras diversos sectores ambientales coinciden en que el caso del Parque Jaragua podría marcar un punto de inflexión en la defensa jurídica del patrimonio natural dominicano.
