Un caso sumamente impactante y trágico ocurrió el pasado jueves 10 de octubre en Ciudad Juan Bosch, cuando se difundió un video que muestra el ataque a una mujer y dos niñas.
El incidente no tardó en viralizarse y un vehículo impactó fuertemente a las víctimas de forma inesperada. Dicho vehículo pertenece a la jueza María Berenita Ramírez Jiménez, y el conductor era uno de sus hijos, cuya edad ha sido tema de debate, ya que se ha mencionado que es tanto menor como adulto.
Las víctimas, Altagracia Trinidad Ortiz, abogada de 50 años, y su hija María de los Ángeles Trinidad, de 14, junto a su hermana Eulalia Trinidad, fueron atropelladas por una camioneta Mazda CX-9 mientras cruzaban la calle.
Un sobrino, Wilfred Arias Trinidad, de 14 años, logró evitar el impacto. Lamentablemente, Altagracia falleció en el lugar luego de ser arrastrada por el vehículo, mientras que su hermana y su hija sufrieron graves heridas. Eulalia sufrió una fractura en un brazo y un traumatismo craneoencefálico, mientras que María de los Ángeles ingresó en la UCI con un traumatismo severo.
Según los testimonios recogidos por N Digital, así como las imágenes de las cámaras de seguridad, el conductor no se detuvo tras el impacto, sino que aceleró y se dio a la fuga. El accidente ocurrió frente al Hospital de Ciudad Juan Bosch, pero, según familiares, la asistencia médica fue limitada.
Alfredo Trinidad, hermano del fallecido, dijo que solo un médico se ofreció a ayudar mientras el personal del hospital le decía que debía esperar.
Cuando los familiares intentaron denunciar el accidente ante la DIGESSETT, encontraron obstáculos, ya que se les exigió presentar pruebas médicas de las personas afectadas antes de aceptar la denuncia. Posteriormente, recurrieron a un investigador privado, quien identificó al dueño del vehículo y reveló la relación con el juez Ramírez Jiménez.
El hijo del juez, de 17 años, se presentó al día siguiente en la DIGESSETT con su padre y un abogado. Familiares han denunciado irregularidades en el proceso de investigación, entre ellas la demora en la toma del informe y la falta de pruebas toxicológicas a los involucrados en el accidente.
Además, cuestionan fuertemente la intervención de un magistrado para autorizar la declaración, algo que no está previsto en la Ley de Tráfico.
El abogado de la familia del menor involucrado, Walin Batista, sostiene que el joven no vio a las víctimas y que el incidente automovilístico fue un error al confundir el freno con el acelerador. Sin embargo, los familiares de las víctimas argumentan que el ataque fue intencionado y califican el incidente como asesinato.
A esto se suma que, según vecinos de la zona, el menor había mostrado en otras ocasiones un comportamiento imprudente al volante, alardeando de la posición de su madre.
La tragedia ha desatado protestas, incluido el encendido de velas en Ciudad Juan Bosch, donde se exige justicia. Los familiares temen que la postura del juez pueda influir en el desarrollo del caso y han solicitado una investigación al Consejo de la Judicatura. La Inspección General del Poder Judicial ha informado que ha iniciado las investigaciones correspondientes.
María de los Ángeles y Eulalia Trinidad han salido de cuidados intensivos, aunque su recuperación continúa. La familia enfrenta el dolor de perder a Altagracia y la incertidumbre sobre el futuro del caso. Mientras tanto, el adolescente imputado permanece en su domicilio al amparo de las disposiciones legales del Código del Menor, mientras sus abogados afirman que sólo asumirán responsabilidad por los hechos según ellos los interpreten.
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