Legisladores, expertos en derecho internacional y representantes de organizaciones vinculadas a los derechos humanos rechazaron este lunes el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se cuestiona la política migratoria aplicada por la República Dominicana.
Los especialistas y parlamentarios coincidieron en señalar que el Estado dominicano, como nación soberana, está plenamente facultado para diseñar y ejecutar sus políticas migratorias, incluida la deportación de ciudadanos extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, siempre que estas acciones se realicen conforme al marco legal vigente y con respeto al debido proceso.
Asimismo, indicaron que el informe de la CIDH presenta una visión parcializada de la realidad dominicana, al no tomar en cuenta la presión migratoria que enfrenta el país, especialmente a raíz de la crisis política, social y económica que afecta a Haití, la cual ha generado un flujo migratorio sin precedentes hacia el territorio nacional.
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El senador Ramón Rogelio Genao advirtió que la República Dominicana no puede cargar de manera unilateral con las consecuencias de una crisis que trasciende sus fronteras, al tiempo que recordó que el país ha sido históricamente solidario con la población haitiana.
Genao subrayó que la RD es una “víctima cíclica” de organismos internacionales que pretenden imponerle la responsabilidad de asumir la descomposición institucional que se vive en la nación vecina, mientras estos se mantienen indiferentes.
“La República Dominicana no puede hacer más de lo que hace; rechazamos esas nuevas acusaciones y pedimentos, en el sentido de que es materialmente imposible para un país en vías de desarrollo seguir cargando con la desgracia de Haití”, sostuvo el legislador.
De su lado, el diputado Braulio Espinal expresó que las intenciones de algunos organismos parecerían apuntar a la unificación de ambas naciones o a que sea la República Dominicana la que continúe asumiendo la crisis institucional que atraviesa la isla vecina.
“Pero aquí, en la República Dominicana, quedan hombres y mujeres dispuestos a dar sus vidas, como la dieron aquellos que lucharon para defender este país”, agregó.
El experto en política migratoria internacional Luis González puntualizó que la República Dominicana, en materia migratoria, está haciendo lo mismo que hacen todos los países del mundo, al señalar que constitucionalmente está facultada para aplicar la ley.
Asimismo, resaltó que “aquí no se está violando el derecho de nadie; si una persona se encuentra en condición migratoria irregular, el Estado tiene el derecho a la deportación y a la organización interna de su política migratoria”.
Para el exdiplomático Luis Pérez, la política migratoria del país en relación con los extranjeros de nacionalidad haitiana ha estado basada en la solidaridad, por lo que rechazó de manera contundente el informe de la CIDH.
“Un país solidario como la República Dominicana nunca podría tener una política discriminatoria”, sostuvo el también catedrático universitario.
El representante de la organización Derechos Humanos sin Rostro, Eugenio Torres, destacó que en el país a los extranjeros en condición migratoria irregular se les ofrecen servicios de salud, educación y empleo, sin recibir el respaldo suficiente de la comunidad internacional.
En ese sentido, defendió la aplicación de controles migratorios y repatriaciones, al tiempo que subrayó que no existe una violación de derechos humanos, sino una atribución legítima del Estado, contemplada tanto en la Constitución como en las leyes migratorias.
De acuerdo con lo que establecen las normativas jurídicas, el Estado no está obligado a permitir la permanencia indefinida de personas extranjeras en situación irregular, y la soberanía nacional debe ser respetada por los organismos internacionales.
En su informe, la CIDH manifestó su preocupación por la adopción de políticas migratorias que podrían afectar considerablemente el ejercicio de los derechos de las personas en movilidad en el país, y exhortó al Estado a revisar su marco normativo desde un enfoque interseccional de derechos humanos.
Asimismo, indicó que desde abril de 2025 viene recibiendo informaciones sobre la implementación de medidas migratorias orientadas, entre otros objetivos, a reforzar la seguridad fronteriza, incrementar el número de agentes migratorios, mejorar la eficiencia de las deportaciones y establecer un protocolo para regular la afluencia de personas en situación migratoria irregular a los hospitales públicos.
