Un tribunal federal de apelaciones permite que el gobierno de Estados Unidos avance con la terminación del Estatus de Protección Temporal para migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, una decisión que deja a más de 60,000 personas en riesgo de detención y deportación mientras continúa la batalla judicial.
El fallo fue emitido por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que concedió una suspensión solicitada por la administración de Donald Trump y frenó la decisión previa de un tribunal de distrito que había declarado ilegal la cancelación del programa.
Con esta medida, el Ejecutivo puede aplicar su política mientras se resuelve la apelación.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró la decisión y la calificó como “una victoria para el estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos”.
Afirmó además que el TPS “nunca fue diseñado para ser permanente” y acusó a administraciones anteriores de convertirlo en “un programa de amnistía de facto durante décadas”.
Según Noem, la cancelación responde a la mejora de las condiciones en los países afectados. “Dada la mejora de la situación en cada uno de estos países, estamos concluyendo sabiamente con lo que pretendía ser una designación temporal”, sostuvo.
¿Qué resolvió el tribunal?
El panel de tres jueces suspendió el fallo del 31 de diciembre de 2025, cuando un tribunal inferior determinó que la terminación del TPS violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. Aquella sentencia había restablecido temporalmente la protección para los beneficiarios.
El caso se centra en designaciones antiguas: Honduras y Nicaragua recibieron el TPS tras el huracán Mitch en 1999, mientras que Nepal fue incluido después del terremoto de 2015.
El programa permite a los ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias vivir y trabajar en Estados Unidos mientras sus naciones sigan bajo esas circunstancias.
El tribunal de apelaciones consideró la solicitud de emergencia del gobierno y decidió mantener vigente la terminación mientras se revisa el caso.
Temor entre los beneficiarios
La decisión generó alarma entre los migrantes protegidos por el programa.
Jhony Silva, uno de los demandantes, dijo que teme ser separado de su familia. “No soporto la idea de separarme de mi familia. He vivido en este país desde pequeño y pertenezco a él. Mi hijo también”, afirmó.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, advirtió que el fallo “pone en riesgo inmediato de deportación a miles de personas que han estado haciendo todo lo que se les ha pedido” y pidió al Congreso intervenir.
Los demandantes sostienen que la cancelación ignoró las condiciones reales de los países y respondió a una decisión política para desmantelar el programa. También alegan que hubo motivaciones raciales que vulneran el debido proceso.
Abogados de organizaciones que representan a los migrantes cuestionaron que el tribunal no evaluara el impacto humano de la medida.
Alertan de “consecuencias devastadoras” para afectados
Jessica Bansal, de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, afirmó que la decisión permitirá que personas que han vivido legalmente en Estados Unidos durante décadas “sean despojadas de su estatus sin reconocer la devastación causada a ellos y a sus familias”.
Por su parte, Emi MacLean, de la ACLU del Norte de California, sostuvo que la resolución “tendrá consecuencias devastadoras para decenas de miles de personas”.
Los críticos también señalaron que otros jueces habían considerado ilegales las decisiones para terminar el TPS, mientras que nuevas suspensiones de emergencia —afirman— debilitan el proceso de apelación tradicional.
El Departamento de Seguridad Nacional insiste en que el TPS es, por definición, un mecanismo temporal sujeto a revisiones periódicas y que debe cancelarse cuando las condiciones mejoran. Sin embargo, las organizaciones migratorias subrayan que muchos beneficiarios llevan más de dos décadas en el país, han formado familias y trabajan en sectores importantes para el país, incluidos servicios esenciales durante la pandemia.
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