Durante muchos años las cárceles de Nueva York más que rehabilitar a quienes cometen actos criminales y delincuenciales, se han convertido en sitios de castigo perpetuo en los que no se proporciona alternativas de resocialización, educación ni apoyo a internos para que vuelvan a ser útiles a la sociedad. Y tampoco se concede una segunda oportunidad a miles que se han redimido.
Y en su afán para que el sistema de sentencias se convierta en un sistema que realmente promueva la rehabilitación de los reclusos y que al purgar sus condenas los internos puedan aportar a sus comunidades, una docena de legisladores, familiares de reclusos y antiguos internos exigen a Albany que de luz verde a un paquete de tres iniciativas. La meta es que se reforme el enfoque actual de lo que describen como castigo sin oportunidad.
Así lo pidieron este lunes más de 500 manifestantes que se agolparon en el Capitolio de Albany, donde instaron a la Legislatura estatal que dé luz verde a la Ley de Revisión de Sentencias, la Ley de Reducción de condena por buena conducta y la Ley Marvin Mayfield, que eliminaría las sentencias mínimas obligatorias, permitiendo a los jueces considerar los factores individuales y las circunstancias atenuantes en cada caso.
Los manifestantes aseguraron que de darse la reforma de sentencias, se promovería tanto la seguridad como la justicia, se permitiría a los jueces considerar los factores individuales de cada caso y se fomentaría la rehabilitación en lugar del castigo perpetuo.
El impacto beneficiaría mayormente a las comunidades de color, que han sido afectadas de manera desproporcionada.
Actualmente de los más de 30,000 presos que hay en Nueva York, casi el 75% son negras o latinas y unos 105,000 niños tienen un padre o una madre encarcelados.
Además, los manifestantes señalaron que el 98% de las condenas en Nueva York son resultado de declaraciones de culpabilidad, no de juicios, “en parte porque los fiscales utilizan la amenaza de largas penas mínimas obligatorias para obtener declaraciones de culpabilidad, lo que socava la equidad y los derechos constitucionales básicos”.
También destacaron que el sistema penitenciario le cuesta a Nueva York unos $3,000 millones de dólares anuales que podría gastarse en otros proyectos como educación, vivienda, atención médica, programas comunitarios contra la violencia y programas de justicia restaurativa.
“Mi padre, Robert Brooks, fue asesinado por un grupo de guardias penitenciarios en el Centro Correccional de Marcy hace poco más de un año. Y creo firmemente que si estos proyectos de ley hubieran estado en vigor, mi padre habría estado en casa antes de ser asesinado”, aseguró Robert Brooks Jr., quien perdió a su padre en el Centro Correccional de Marcy.
“No se habría encontrado en una situación en la que los agentes tuvieran la oportunidad de acosar y brutalizar a un hombre esposado. La Ley de Segunda Revisión, la Ley de Reducción de Condena por Buen Comportamiento y la Ley Marvin Mayfield son leyes poderosas que cambian vidas. Dan esperanza a nuestros seres queridos. Dan a las personas que están dentro algo por lo que luchar”, agregó el manifestante.
Jeremy Cooney, senador y patrocinador de la Ley de Reducción de condenas por buen comportamiento, advirtió que es urgente dar luz verde a las iniciativas de ley para garantizar que quienes pasen por el sistema de justicia tengan alternativas para redimir sus penas y servir a la sociedad.
“El encarcelamiento sin rehabilitación es una oportunidad perdida para brindar a las personas encarceladas capacitación educativa y vocacional que les permita prepararse para un futuro exitoso”, dijo el legislador, quien recalcó que trae beneficios para la seguridad y la justicia, tanto dentro como fuera de las cárceles. “Y en lugar de centrarnos únicamente en el castigo, necesitamos incentivar y empoderar a las personas para que se superen a sí mismas mientras se preparan para reincorporarse de forma segura a nuestras comunidades”.
La asambleísta Yudelka Tapia se sumó al llamado a que Albany apruebe el paquete legislativo y recalcó que en condados como el que ella representa, las leyes actuales solo hacen más daño a miles de encarcelados.
“En El Bronx vivimos constantemente con las consecuencias de leyes de sentencia obsoletas que han mantenido a nuestras familias encarceladas mucho después de que hayan asumido su responsabilidad y se hayan esforzado por rehabilitarse”, dijo la política latina. “Las leyes de Segunda oportunidad, Reducción de sentencia por buen comportamiento y la ley Marvin Mayfield deben aprobarse para que nuestro sistema se acerque a lo que debería ser: un sistema que reconozca el progreso, no solo el castigo”.
Brian Fischer, excomisionado del Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria y exsuperintendente de la infame cárcel de Sing Sing, manifestó que conociendo de primera mano lo que ocurre en los penales de Nueva York, urgen reformas que sean beneficiosas para los internos cuando se lo merecen.
“Como alguien que ha dedicado su carrera al sistema penitenciario, apoyo la Ley de Reducción de sentencia por buen comportamiento y la Ley de Segunda oportunidad, junto con las reformas de sentencia, porque buscan analizar cada caso individualmente, reconociendo que la situación de cada persona es única”, dijo el experto en prisiones. “Los juicios deben basarse en lo que cada persona aporta a la situación en cada etapa de revisión y consideración”.
Henry Garrido, director ejecutivo del sindicato Distrito 37, que agrupa a trabajadores municipales, destacó que desde la década de los 90, el Estado de Nueva York recortó drásticamente la financiación para programas para personas encarceladas y limitó considerablemente el tiempo que podían reducir sus sentencias, a pesar de lo que describió como beneficios comprobados de los programas educativos en prisiones, por lo que hizo un llamado a Albany a que avance en las reformas.
“Decenas de miles de neoyorquinos cumplen sentencias excesivamente largas en prisión sin acceso a programas educativos o vocacionales ni a oportunidades para que se revisen sus sentencias”, dijo Garrido.
“Muchos de estos neoyorquinos son nuestros familiares, amigos y seres queridos y sabemos que nuestras comunidades se benefician cuando ampliamos las oportunidades para que los neoyorquinos que han estado encarcelados se reincorporen a la fuerza laboral en empleos que les permitan ganarse la vida dignamente y desempeñen un papel vital en nuestras comunidades”, agrego el líder neoyorquino.
La senadora Julia Salazar, patrocinadora en el Senado de la Ley de Segunda Revisión, advirtió que miles de neoyorquinos pasan décadas de condenas tras las rejas, a pesar de que hay evidencias que muestran que mantener a las personas en prisión durante tanto tiempo no contribuye a reducir ni a disuadir la criminalidad.
“No hace mucho tiempo, nuestro estado aprobó una serie de leyes de sentencia injustas que llevaron principalmente a neoyorquinos negros y latinos a nuestras prisiones. Al aprobar la Ley de Segunda Revisión, permitiríamos a los jueces reevaluar estas sentencias excesivamente duras o injustas impuestas a las personas encarceladas“, dijo la legisladora, al tiempo que explicó que no significa que se liberará a todos sino que se revisarán los casos.
“No es una garantía de liberación, pero es una segunda oportunidad para revisar circunstancias profundamente injustas“, concluyó la senadora.
Datos
- 3 iniciativas para reformar leyes de sentencia
- Ley de Revisión de Sentencias, Ley de Reducción de condena por buena conducta y la Ley Marvin Mayfield, que eliminaría las sentencias mínimas obligatorias
- 30,000 presos hay en Nueva York actualmente
- 75% de ellos son negros o latinos
- 105,000 niños tienen un padre o una madre encarcelados
- 98% de las condenas en Nueva York son resultado de declaraciones de culpabilidad, no de juicios
- $3,000 millones de dólares anuales cuesta el sistema penitenciario en NY
