El gobierno de Donald Trump activó una iniciativa legal multifacética para revocar la orden de restablecer la financiación federal para la construcción del túnel del río Hudson -considerado el proyecto de infraestructura más importante del país y valorado en $16,000 millones de dólares-, logrando que la fecha límite de pago se aplazara hasta el jueves 12 de febrero.
Abogados del Departamento de Transporte (DOT) solicitaron a la jueza federal Jeannette Vargas en Manhattan que suspendiera la orden de restricción temporal que emitió la noche del viernes 6, la cual obligaba a levantar la congelación de la financiación del proyecto ferroviario. Dos días después, el domingo, el gobierno de Trump apeló buscando impugnar la orden.
En respuesta, en una breve orden de cinco páginas la jueza Vargas denegó la solicitud, aunque concedió una breve suspensión administrativa para que el gobierno pueda solicitar la intervención del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito. El fallo significa que el gobierno de Trump puede continuar reteniendo los fondos hasta las 5 p.m. del próximo jueves, destacó Daily News.
El viernes Vargas dictaminó que el gobierno federal no podía seguir congelando los fondos para las obras en el túnel en el río Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey, cuatro días después de que Gateway Development Commission (GDC) -la agencia biestatal encargada de la obra– demandara al gobierno federal por haber suspendido desde octubre la financiación del proyecto.
En una decisión de última hora, el viernes la jueza otorgó medidas cautelares de emergencia a Nueva York y Nueva Jersey, prohibiendo al gobierno federal seguir reteniendo los fondos. Vargas declaró que se convenció, tras escuchar los argumentos, de que los dos estados sufrirían daños irreparables si no se emitía una orden judicial. Su orden del viernes no fue una sentencia definitiva, pero buscaba prohibir al gobierno federal congelar los fondos mientras continúa el caso.
En paralelo, la semana pasada trascendió que, en negociaciones recientes, Trump dijo que dejaría de interferir en el proyecto si el senador Chuck Schumer (D-NY) abogaba por colocar el nombre del mandatario en la estación Penn de Manhattan y en el Aeropuerto Internacional Dulles en Washington, D.C., un pedido que él rechazó, reportó The New York Times.
“La presión para renombrar la estación y el aeropuerto en honor a Trump se produce en un momento en que el presidente, quien recientemente puso su nombre al Centro Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, ha estado en una oleada de cambios de nombre y se ha mostrado cada vez más preocupado por su legado (…) Trump, conocido por poner su nombre a los rascacielos de la ciudad de Nueva York y a los hoteles de Atlantic City, parece estar emprendiendo una iniciativa similar a nivel nacional durante su segundo mandato”.
En su demanda, los estados Nueva York y Nueva Jersey habían “demostrado adecuadamente que el interés público se vería perjudicado por un retraso en un proyecto de infraestructura crítico”, escribió la jueza Vargas en sus alegatos el viernes.
Después de meses de interferencia del gobierno federal en la financiación, los trabajos en el proyecto se paralizaron efectivamente a las 5 p.m. del 6 de febrero. Al momento no está claro cuándo se reanudarían las obras.
Gateway ya ha comenzado a despedir a trabajadores de la construcción, según la orden de la jueza, y los retrasos sustanciales podrían poner en peligro 95,000 empleos más. Vargas señaló que se preveía que un retraso prolongado resultaría en una pérdida de más de $7,000 millones de dólares para la economía local.
El origen de la controversia
Los estados Nueva Jersey y Nueva York alegan que el monumental proyecto -que se espera genere miles de empleos e impulse la economía regional en miles de millones de dólares- fue detenido en un acto de represalia contra los supuestos enemigos políticos de Trump.
El gobierno federal detuvo la financiación del túnel -que está diseñado para ser utilizado por Amtrak y NJ Transit- el 1 de octubre, el primer día del cierre del gobierno federal.
En ese momento el gobierno federal alegó que necesitaba revisar las políticas de Gateway que exigen que un cierto porcentaje de los contratos se adjudiquen a empresas “desfavorecidas“. La norma pretende prohibir el uso de factores de raza o sexo para determinar si un contratista puede ser considerado una “Empresa Comercial Desfavorecida” (DBE) a efectos de un programa del gobierno de Ronald Reagan creado en 1983 para apoyar contratos de grandes proyectos para pequeñas empresas “en desventaja” social o económica.
Los líderes de Gateway argumentan que han presentado todos los documentos solicitados como parte de esa revisión, pero criticaron al gobierno federal por cambiar las condiciones, destacó Gothamist. Funcionarios de la administración Trump indicaron en un comunicado la semana pasada que la financiación solo se restablecería si los demócratas financiaban completamente el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).
La semana pasada, durante las audiencias en el Tribunal Federal de Manhattan, un abogado de la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey dijo que miles de trabajadores de la construcción se verían obligados a abandonar sus puestos y dejar “literalmente un enorme agujero en la tierra” si el gobierno no restablecía la financiación de inmediato.
En representación del gobierno, la fiscal federal adjunta Tara Schwartz, de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, argumentó que cualquier desacuerdo sobre la financiación era una cuestión contractual que debía resolverse entre la Comisión de Desarrollo Gateway y el gobierno federal, lo cual forma parte de la demanda presentada por la GDC ante el Tribunal de Reclamaciones Federales el 2 de febrero.
Sin embargo, los abogados de los estados argumentaron que los perjuicios para Nueva York y Nueva Jersey eran independientes, ya que estos estados serían responsables de asumir los costos para garantizar la seguridad de las obras una vez que los fondos de la GDC se agotasen en las próximas semanas.
