La política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump enfrenta nuevos cuestionamientos en el Congreso, ya que los senadores Alex Padilla y Adam Schiff, junto a más de 40 legisladores, enviaron una carta a la Administración para Niños y Familias (ACF) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para advertir sobre el impacto de las medidas migratorias en el sistema de cuidado infantil en Estados Unidos.
En el documento, dirigido al secretario adjunto Alex J. Adams, los congresistas expresaron preocupación por el efecto de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en guarderías y sus alrededores, así como por la cancelación de vías legales como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la revocación de la política que protegía los llamados “lugares sensibles”.
Señalan que estas acciones están reduciendo la fuerza laboral del sector y elevando los costos para las familias.
El sector del cuidado infantil depende en gran medida de trabajadores inmigrantes. A nivel nacional, representan cerca del 20% de la fuerza laboral, más de 282,000 personas. En estados como Florida, Texas, Nueva York y California la proporción es mayor; en California alcanza casi el 40 %, con casi medio millón de educadores de primera infancia nacidos en el extranjero. Más de un millón de padres californianos dependen de estos servicios para poder mantenerse en la fuerza laboral.
La carta menciona que desde junio pasado, cuando comenzaron operativos de deportación masiva en Los Ángeles, se ha reportado aumento en el ausentismo de estudiantes y personal en guarderías de California. También describe casos de detenciones de trabajadores en centros de educación temprana en Chicago y Minnesota, así como la pérdida de permisos de trabajo de maestros en Washington D. C., lo que derivó en renuncias forzadas.
Operativos del ICE
Los legisladores sostienen que las medidas migratorias, sumadas a la retención de fondos federales destinados a hacer más accesible el cuidado infantil, profundizan la escasez de personal. Citan estimaciones según las cuales la agenda migratoria podría reducir la fuerza laboral del sector en 15%, equivalente a más de medio millón de trabajadores. Otro análisis vincula la duplicación de arrestos de ICE con una caída del 12% en el empleo de mujeres inmigrantes en cuidado infantil y la reducción de aproximadamente 39,000 trabajadoras nacidas en el extranjero.
El impacto no se limita a los centros educativos. De acuerdo con los datos incluidos en la carta, entre febrero y julio de 2025 la duplicación de arrestos de ICE se asoció con una disminución de unas 77,000 madres nacidas en Estados Unidos que dejaron de estar empleadas.
Actualmente, las familias pagan en promedio más de $13,000 dólares anuales por cuidado infantil, cifra que puede acercarse a los $30,000 en algunos estados, en un contexto donde más de la mitad de los padres reportan listas de espera de varios meses.
Ante este escenario, los firmantes solicitaron que la ACF entregue antes del próximo 27 de febrero d información detallada sobre la escasez de personal, la disminución de matrículas, los aumentos proyectados de costos y la coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en acciones de cumplimiento migratorio que puedan afectar programas financiados con fondos federales.
Además, pidieron conocer qué medidas adopta el HHS para mitigar interrupciones en los entornos de aprendizaje temprano y qué orientación ha emitido a autoridades estatales y locales para sostener la estabilidad de los programas en comunidades impactadas por operativos migratorios.
A inicios de este mes, Padilla y Schiff también se sumaron a otra carta dirigida al secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., para solicitar información sobre la exposición de niños a operativos de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y sus posibles efectos en las comunidades.
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