Un millón doscientos mil pesos (RD$1,200,000.00) deberá ser pagado por el imputado Freddy Núñez; No podrá salir del país sin autorización previa y deberá presentarse ante el tribunal el día 30 de cada mes.
Mientras tanto, el tesorero Evaristo Ozoria Rodríguez deberá pagar una garantía financiera de RD$300 mil y, de igual forma, no podrá salir del país sin autorización previa y deberá presentarse los días 30 de cada mes.
Durante la audiencia, la jueza Fátima Veloz evaluó que Ozoria Rodríguez admitió que firmó cheques en blanco, por lo que no existe controversia respecto de su participación en los hechos que se les imputan.
También puedes leer: Ministro de Deportes revela que la Federación de Pentatlón será auditada
El fiscal Ernesto Guzmán, adscrito a la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), consideró positiva la decisión del juez de evaluar la gravedad de los hechos e imponer medidas cautelares contra el imputado, a fin de continuar con el caso. proceso judicial.
Al ser abordado por la prensa, afirmó que esperarán la decisión completa del tribunal para analizarla y tomar una decisión final sobre la posibilidad de apelar la medida impuesta.
Según el Ministerio Público, entre 2011 y 2023, la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno gestionó de manera irregular cerca de RD$60 millones, los cuales fueron entregados por el Ministerio del Deporte, monto que se encuentra bajo investigación. Camacho también indicó que, a medida que avancen las investigaciones, podrían surgir nuevas personas.
La solicitud de acción coercitiva, que cubre 757 páginas de evidencia detallada, describe cómo supuestamente se desviaron fondos de la federación.
Durante la investigación, el Ministerio Público realizó allanamientos en el Distrito Nacional, en la provincia María Trinidad Sánchez y en las oficinas de Fedopem en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde recolectaron documentos y pruebas.
Núñez y Ozoria están acusados de corrupción, falsificación, uso de documentos falsos, peculado, asociación de malhechores, defraudación al Estado y lavado de dinero, delitos sancionados en el artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana; los artículos 145, 147, 148, 171, 172, 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano; y los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
