EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader creó una comisión especial para dar seguimiento y veeduría a las medidas acordadas en el marco del Diálogo Nacional sobre la Crisis Haitiana y sus Implicaciones para la República Dominicana.
La comisión surge como resultado del diálogo desarrollado en el seno del Consejo Económico y Social (CES), con la participación de los sectores económico, social y laboral, así como del presidente Abinader y expresidentes constitucionales. De ese proceso se derivó el Documento Integrado de Acuerdos, suscrito el 2 de septiembre de 2025, que establece una hoja de ruta con medidas consensuadas en seis ejes estratégicos.
La disposición está contenida en el Decreto núm. 67-26 fechado el 31 de enero de 2026, mediante el cual se establece la «Comisión de Veeduría y Seguimiento de las Medidas Concertadas», con el propósito de garantizar la implementación efectiva de los compromisos asumidos por el Estado dominicano frente a la compleja situación que atraviesa Haití.
La creación de esta instancia responde al impacto que la crisis institucional, de gobernabilidad y seguridad del vecino país tiene sobre la migración, la seguridad nacional, el comercio bilateral, el mercado laboral y el desarrollo de las comunidades fronterizas, lo que ha hecho necesario articular respuestas estatales coordinadas y sostenidas.
De acuerdo con el decreto, la comisión tendrá carácter temporal y consultivo, sin funciones operativas ni estructura administrativa propia y estará adscrita al Ministerio de la Presidencia, bajo la dependencia funcional del presidente de la República.
Entre sus atribuciones figura dar seguimiento a los avances, identificar obstáculos en la ejecución de las medidas y formular recomendaciones al Poder Ejecutivo. Sus opiniones e informes no tendrán carácter vinculante.
La comisión estará presidida por el ministro de la Presidencia e integrada por los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Trabajo; el director general de Migración; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración; el presidente de la comisión ejecutiva del Observatorio de las Políticas Migratorias; el presidente del CES, quien fungirá como secretario ejecutivo; y representantes de los sectores social, laboral y empresarial del CES.
El decreto establece que los integrantes ejercerán sus funciones de manera honorífica y que la comisión deberá rendir informes trimestrales al presidente de la República sobre el estado de avance de las medidas acordadas.
