Una redada migratoria realizada durante una jornada recreativa en Wilder, Idaho, terminó en una demanda colectiva contra autoridades federales, estatales y locales, acusadas de someter a cientos de personas, incluidos niños y ciudadanos estadounidenses, a un operativo presuntamente desproporcionado e ilegal.
La acción judicial, introducida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su capítulo en Idaho, se centra en un despliegue ocurrido el 19 de octubre de 2025 en el hipódromo La Catedral, un espacio conocido por albergar carreras de caballos y encuentros comunitarios de la población latina.
De acuerdo con el recurso, más de 200 agentes irrumpieron simultáneamente en el lugar con apoyo aéreo, vehículos blindados y armamento antidisturbios, bloqueando salidas y reteniendo a unas 400 personas por varias horas.
El documento sostiene que los asistentes fueron obligados a permanecer en el sitio bajo vigilancia armada, algunos derribados al suelo o sacados a la fuerza de vehículos, mientras se utilizaban balas de goma y granadas aturdidoras incluso contra automóviles ocupados.
La mayoría no enfrentaba cargos ni estaba bajo investigación previa, lo que, según la ACLU, evidencia un patrón de detenciones basadas en perfilamiento racial.
“Desde Wilder hasta Minneapolis y Chicago, la administración Trump está pisoteando nuestros derechos mediante tácticas con prejuicios raciales que nos hacen a todos menos seguros. La administración puede insinuar que este abuso está exento de consecuencias legales, pero no es así, y tenemos la intención de demostrarlo en los tribunales”, declaró Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de policía de ACLU.
Episodios de violencia y angustia prolongada
Entre los demandantes figuran una madre y su hijo de 3 años, ambos ciudadanos estadounidenses, quienes permanecieron retenidos durante horas, según la organización. El niño, según el relato incluido en la demanda, presenció episodios de violencia y sufrió angustia prolongada sin acceso a alimentos ni agua, mientras su madre estaba inmovilizada.
Para ACLU, el caso marca un precedente frente a las tácticas del ICE en la actual administración de Donald Trump. La organización afirma que el operativo no solo vulneró derechos constitucionales básicos, sino que dejó secuelas psicológicas duraderas en familias que acudieron a un evento recreativo sin relación alguna con delitos migratorios.
Los abogados solicitan al tribunal que declare inconstitucional el operativo y establezca límites claros a este tipo de intervenciones, al considerar que convertir un espacio comunitario en un escenario de fuerza extrema erosiona la confianza pública y expone a civiles inocentes a daños irreparables.
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