La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, perdonó este martes la condena a muerte de un afroestadounidense que enfrentaba la pena capital por un asesinato cometido en 1991, pese a que no fue quien disparó el arma que causó la muerte de la víctima, cuya hija pidió que se le perdonara la vida.
La mandataria, del Partido Republicano, dejó en cadena perpetua sin derecho a libertad condicional la condena de Charles ‘Sonny’ Burton, quien afrontaba la muerte por un robo en 1991 en una tienda de autopartes donde falleció un empleado, Doug Battle, pero el cómplice que le disparó solo estaba condenado a cadena perpetua.
“No puede proceder en buena consciencia con la ejecución del Sr. Burton ante tan dispares circunstancia. Creo que sería injusto que ejecutaran a un participante de este crimen si no ejecutarán al participante que jaló el gatillo”, declaró Ivey en un pronunciamiento.
El perdón ocurre tras una campaña de presión pública en Alabama, donde incluso la hija de la víctima, quien tenía 9 años cuando fue el asesinato, pidió intervenir porque el estado iba a “ejecutar al hombre equivocado”.
La mujer, Tori Battle, cuestionó en un artículo de opinión en el Montgomery Advertiser el castigo contra Burton, un hombre de 75 años en una silla de ruedas, con “mala salud” y artritis que iba a morir con gas de hipoxia de nitrógeno, un nuevo método que lo asfixiaría mientras él siguiese consciente.
“De niña, creía que la justicia significaba castigo. Odiaba a todos los seis hombres involucrados (en el robo) y pensé que atestiguar ejecuciones me traería un cierre. Conforme he crecido, he llegado a entender que la justicia no se trata de venganza. Se trata de verdad, proporcionalidad y justicia”, señaló.
El hecho ocurre en medio de la polémica por el creciente uso de la pena de muerte en Estados Unidos, que registró 47 ejecuciones el año pasado, casi el doble de 2024, de las que cinco ocurrieron en Alabama, mientras Florida impuso un récord con 19, según el Death Penaly Information Center.
Las autoridades estadounidenses han ejecutado al menos a 21 “probables inocentes”, en su mayoría afroamericanos y latinos, desde que comenzó la pena de muerte moderna en 1973, afirmó un reporte de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en noviembre pasado.
En lo que va del año, ya han ocurrido cinco ejecuciones en Estados Unidos: una en Texas, otra en Oklahoma y tres en Florida, que la próxima semana ejecutará a Michael King, condenado por el secuestro, la violación y el asesinato de una mujer en 2008.
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