SONDEO LATINO, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados envió este miércoles a una comisión especial la Ley observada por el Poder Ejecutivo que ordena al Estado saldar deudas atrasadas con pequeños y medianos contratistas, con el objetivo de ser reestudiada y evaluada conforme a las observaciones realizadas.
La legislación que busca establecer un marco legal para el pago de compromisos económicos pendientes contraídos por distintas instituciones públicas, fue remitida para análisis con el objetivo de revisar su alcance, viabilidad y adecuación al ordenamiento jurídico vigente.
El equipo responsable de volver a revisar la normativa esta conformado por la vicepresidenta de ese órgano legislativo, Dharuelly D´Aza, junto a Ramón Bueno, Miguel Espinal, Daritza Zapata, Willy Sánchez, Luis Gómez, Mateo Espaillat, Mayobanex Martínez, Yudelka de la Rosa, Rafael Castillo, Julio César López, Fiordaliza Estevez, Carlos Morillo y Dilenia Santos.
Esta normativa que fue observada de manera integra y devuelta a la sede legislativa establece un mecanismo excepcional para reconocer y pagar compromisos acumulados durante años por distintas instituciones del Estado, principalmente por trabajos realizados antes de la entrada en vigencia de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
Lo aprobado por los legisladores buscaba hacerle «justicia» a decenas de contratistas que han esperado por más de 30 años el pago por servicios prestados al Estado, sin que esto signifique abrir la puerta a nuevas contrataciones fuera del marco legal vigente.
Una vez el Estado cumpla con estos contratistas la normativa quedará automáticamente derogada, ya que fue creada para este único caso.
Asimismo, se establecía que los pagos estarían sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a los procedimientos que definan las autoridades competentes, garantizando transparencia y control en la ejecución de la ley.
En el caso de las personas que fallecieron, serán sus familiares directos quienes recibirán este beneficio.
La comisión apoderada para revisar la pieza deberá rendir un informe para que el pleno de la Cámara de Baja decida si acoge las modificaciones sugeridas o si procede con la aprobación de la ley en una nueva discusión.
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