SANTO DOMINGO – En una reveladora entrevista en el programa Politikal, Carlos Pimentel, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), detalló los alcances de la nueva Ley de Contrataciones Públicas y el reglamento que busca transformar la administración estatal dominicana. El funcionario destacó que, a diferencia de gestiones anteriores marcadas por el “silencio administrativo”, la institución que dirige ha adoptado un rol proactivo en la persecución de irregularidades.
Uno de los puntos más contundentes de la intervención de Pimentel fue la confirmación de que la DGCP ha remitido entre 15 y 20 expedientes con indicios de naturaleza penal a la Procuraduría General de la República durante los últimos cinco años.
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Pimentel explicó que la ley anterior, aprobada en 2006, fue “mutilada” para eliminar el sistema de consecuencias, lo que dio paso a un régimen de impunidad. Sin embargo, la nueva normativa establece sanciones drásticas.
• Penas de prisión: Las condenas por violaciones graves ahora oscilan entre 2 y 10 años de cárcel, dependiendo de la falta.
• Tipificación penal: Acciones como el uso de “prestanombres” o la violación del régimen de incompatibilidades ya no son simples faltas administrativas, sino delitos penales.
• Recuperación de activos: Gracias a la anulación de procesos irregulares, el Estado ha logrado recuperar bienes como el Teatro Agua y Luz y el Hotel Nueva Suiza,.
“Lo importante es tener un órgano que no haga silencio administrativo como sucedía en el pasado, donde la dirección no enviaba nunca un caso a la Procuraduría”, sentenció Pimentel
Pimentel aseguró que la nueva ley no solo se enfoca en el castigo, sino en potenciar el impacto económico del presupuesto estatal, que dedica el 32% del Presupuesto General de la Nación a la compra de bienes, servicios y obras.
