Santo Domingo.– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), junto a la Comisión de la Verdad, reiteró este viernes ante la Procuraduría General de la República su denuncia y solicitud de investigación en torno a la explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 en el antiguo Mercadito de San Cristóbal, tragedia que dejó 47 fallecidos, 12 desaparecidos y más de 50 heridos, además de cuantiosas pérdidas materiales.
El presidente nacional de la CNDH-RD, Manuel María Mercedes Medina, informó que han transcurrido cinco meses desde que depositaron una instancia con pruebas técnicas y documentales que, según afirma, desmontan la versión oficial presentada por el Ministerio Público sobre las causas y responsabilidades del siniestro.
“Las evidencias están ahí. Sin embargo, no hemos recibido respuesta. Ni siquiera mínimamente se ha puesto en movimiento la acción pública para contestar la instancia que muy argumentada y técnicamente hemos depositado”, expresó Mercedes.
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La instancia fue dirigida a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, y en ella la comisión denuncia la existencia de un “limbo jurídico” que, a su juicio, vulnera el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.
Mercedes sostuvo que más de 12 personas continúan en condición de desaparecidas y que los parientes “deambulan sin respuestas claras”, lo que, afirmó, constituye una revictimización.
“Fue una tragedia que dejó más de 40 muertos y decenas de heridos, y todavía las autoridades competentes no han dado respuesta a estas víctimas”, manifestó.
La organización también cuestionó el manejo inicial de la escena del siniestro, señalando que, según informes oficiales, fueron retiradas más de 1,200 toneladas de escombros en menos de cinco días. A su entender, esa acción pudo haber comprometido la preservación de evidencias, incluyendo posibles restos humanos, lo que, de confirmarse, implicaría violaciones a protocolos internacionales de investigación como el Protocolo de Minnesota.
En relación con la ley aprobada por el Congreso que permitió declarar legalmente fallecidas a las personas desaparecidas, Mercedes aclaró que esa medida tuvo como finalidad facilitar trámites civiles como la emisión de actas de defunción, la gestión de bienes y procesos hereditarios.
“Eso no significa que se haya cerrado la acción penal. Nosotros mismos impulsamos esa ley porque, de lo contrario, los familiares debían esperar cinco años para declarar muerto a un ser querido. Era una solución humanitaria y legal, pero no sustituye la investigación ni la persecución de responsabilidades”, explicó.
La comisión también puso en duda la coherencia de los informes técnicos emitidos tras el suceso, al señalar contradicciones entre las conclusiones del Cuerpo de Bomberos y otras instancias investigativas, así como la existencia de un contra informe pericial que detalla presuntas falencias técnicas en las evaluaciones oficiales realizadas en agosto de 2023.
Entre las solicitudes elevadas al Ministerio Público figuran la realización de una investigación integral e independiente, entrevistas a víctimas y testigos, experticias en el vertedero municipal donde fueron depositados los escombros y el sometimiento a la justicia de los responsables directos e indirectos, tanto por la explosión como por la supuesta destrucción de evidencias.
Mercedes advirtió que, de persistir la inacción, la comisión acudirá a organismos internacionales.
“Si no nos escuchan aquí, tendrán que escucharnos ante los organismos internacionales de derechos humanos. Vamos a la Comisión Interamericana y a todas las instancias necesarias para que se garantice el derecho a la verdad y la justicia”, afirmó.
La CNDH concluyó reiterando su llamado a que se realice una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades, en respuesta al clamor de los familiares que, a más de dos años de la tragedia, aseguran que aún no conocen toda la verdad sobre lo ocurrido.
