Concejo avanza en reforzar el código de ‘ciudad santuario’ de la Gran Manzana ante más acciones de ICE

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Ante la secuencia de testimonios sobre la creciente presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ciertos espacios públicos de la Gran Manzana, legisladores locales de la ciudad de Nueva York y activistas comunitarios están impulsando que se apruebe cuanto antes el anteproyecto legal “Conozca sus Derechos” (Know Your Rights). 

La propuesta obligaría a las agencias municipales colocar carteles informativos y distribuir folletos en propiedades de la Ciudad, para explicar los derechos legales de las personas cuando interactúan con autoridades federales, especialmente agentes de La Migra.

Se trata de una de las cuatro leyes que la cámara municipal está analizando para crear un mayor escudo de protección al código local de ‘ciudad santuario’.

“No tenemos tiempo que perder. Hemos visto a neoyorquinos ser secuestrados violentamente en cientos de diligencias judiciales, sacados de sus hogares, fuera de las escuelas, en las calles, en el trabajo y más allá. De esa manera, todos sabrán qué están cubiertos por nuestras protecciones legales santuario”, explicó la concejal Alexa Avilés, presidenta del Comité de Inmigración del Concejo Municipal, en una manifestación previa a una audiencia pública en donde se analizó el alcance de esta propuesta. 

De ser aprobada esta iniciativa, la información sujeta a divulgación se fundamentará en la puesta en relieve de diversas secciones del Código Administrativo de la Ciudad de Nueva York, las cuales establecen limitaciones a la cooperación con autoridades migratorias federales.

El criterio de los redactores de este anteproyecto es que gobierno municipal necesita asumir un papel más fuerte en la difusión de información precisa y consistente que explique los derechos de las personas en espacios públicos frente a espacios privados, ya que a su criterio, Nueva York ya está rezagada respecto a ciudades como Chicago y Los Ángeles, que han implementado medidas similares.

Varios activistas comunitarios como la mexicana Bárbara López, residente de Sun Set Park acudieron a la discusión legislativa para compartir su testimonio sobre las incursiones recientes de ICE en sus comunidades.

“Puedo dar fe de cómo nuestras comunidades están atemorizadas, por eso es una emergencia que la Ciudad ofrezca por lo menos más información y protección. El pasado 25 de febrero agentes enmascarados entraron a nuestro edificio en la madrugada. Tocaron todos los timbres, causando una situación terrible con nuestros vecinos”, relató Bárbara ante la comisión de asuntos migratorios.

El proyecto de ley instruye a la Oficina de Asuntos del Inmigrante del Alcalde (MOIA) y al Departamento Jurídico de la Ciudad de Nueva York a desarrollar señalización que describa claramente las protecciones legales de los neoyorquinos.

La concejal Alexa Avilés: “No hay tiempo que perder, nuestras comunidades siguen siendo asediadas”. (Foto Gerardo Romo – NYC Council).

La campaña

Entre los puntos esenciales que deberán ser ampliamente difundidos, se incluye la normativa que prohíbe el acceso de agentes federales a áreas no públicas de edificios municipales, sin la presentación de una orden judicial debidamente firmada por un juez.

De igual modo, se recalcará que los funcionarios municipales tienen prohibido compartir información personal de los residentes con autoridades migratorias, salvo en circunstancias debidamente especificadas.

En líneas generales, el objetivo de este tipo de campaña es fomentar la confianza de los inmigrantes para que puedan acceder a los servicios municipales sin temor a la deportación, además de clarificar el conjunto de protecciones legales de las que goza la comunidad inmigrante en la Gran Manzana en su calidad de ciudad santuario. Asimismo, se deberá indicar qué áreas de los edificios municipales tienen carácter público y cuáles no.

El articulado legal exige que los carteles sean redactados en varios idiomas y empleando un lenguaje accesible.

Ojo visor

Esta nueva sesión legislativa, que aborda la necesidad de acentuar las protecciones a los inmigrantes, se llevó a cabo tras una audiencia la semana pasada, en la cual se analizó el grado de cumplimiento por parte de las agencias municipales de las normativas de ciudad santuario.

La audiencia se realizó a raíz de una revisión del Departamento de Investigaciones (DOI) que identificó presuntas deficiencias y orientación insuficiente en la observancia de las ‘leyes santuario’ por parte de las agencias municipales.

El Comité de Supervisión e Investigaciones del Concejo Municipal está examinando específicamente al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), el Departamento de Corrección y el Departamento de Libertad Condicional.

A modo de ejemplo, defensores denunciaron que el NYPD transfirió el expediente de arresto sellado de una mujer detenida en una protesta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alegando que la información se estaba utilizando para intentar su deportación.

“El DOI también constató que el Departamento de Corrección no estaba capacitando al personal sobre cómo interactuar con las autoridades de aplicación de la ley de inmigración”, señaló Christopher Ryan, comisionado interino del DOI.

A comienzos de este año, el alcalde Zohran Mamdani emitió una orden ejecutiva que exige a ciertas agencias de la ciudad realizar una auditoría interna sobre sus políticas y “prácticas santuario”.

Las leyes santuario de la ciudad prohíben que las agencias locales empleen recursos municipales para cooperar con las autoridades federales de inmigración, lo que incluye impedir que la policía local retenga a detenidos a solicitud del ICE, salvo cuando existan inquietudes fundadas de seguridad pública.

“Protejamos lugares sensibles”

En esta sesión de análisis legislativo, el defensor del Pueblo, Jumaane Williams relató que aunque no hay antecedentes de la irrupción de La Migra en las escuelas públicas de la Gran Manzana, los estudiantes de las universidades, “han sido particularmente atacados por esta administración”.

“Apenas la semana pasada, agentes federales que se hicieron pasar por oficiales de NYPD sacaron a una estudiante de Columbia University de su dormitorio y la detuvieron, mintiendo al decir que estaban buscando a una joven que estaba desaparecida. Afortunadamente, fue liberada más tarde ese mismo día, pero el incidente expuso una vulnerabilidad preocupante que requiere análisis y colaboración para asegurar que no vuelva a ocurrir”, refirió el funcionario.

Williams recordó que la presencia federal en tribunales municipales y estatales también puede disuadir a las personas de participar en el proceso legal, incluso cuando son víctimas de un delito o testigos clave.

Por eso el defensor del pueblo remarcó que es importante proteger los llamados “lugares sensibles”: espacios como escuelas, tribunales, hospitales, refugios y lugares de culto.

En la arena contraria a estos avances legislativos, los concejales de la minoría republicana en el Concejo Municipal de Nueva York reiteran que el Concejo Municipal está desconectado de las preocupaciones de seguridad pública al negarse a modificar o debilitar las leyes santuario.

Según estos legisladores, dichas políticas limitan innecesariamente la cooperación con el gobierno federal, permitiendo que personas con antecedentes criminales permanezcan en la ciudad.

5 puntos clave de las leyes santuario en NYC:

  1. Agencias municipales no actúan como agentes de inmigración (NYPD/DOC): La policía local no puede detener solo por estatus migratorio, ni participar en operativos de inmigración.
  2. No hay detención para ICE, sin orden judicial: Las autoridades locales no pueden retener a alguien solo por una solicitud de La Migra, a menos que haya una orden judicial o un delito grave.
  3. Cárceles no transfieren automáticamente a ICE: El DOC no puede entregar detenidos a agentes federales de inmigración al ser liberados, salvo excepciones legales, evitando que las cárceles sean un sistema de detención migratoria indirecto.
  4. Protección de la información de inmigrantes: Las agencias municipales no pueden compartir información personal con autoridades federales de inmigración sin base legal clara, previniendo que bases de datos se usen para deportación.
  5. Objetivo: La meta es que los inmigrantes acudan a policía, hospitales, escuelas o tribunales sin temor a ser reportados, mejorando la seguridad pública y la cooperación.

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