Ante la espesa nube de dudas sobre la forma cómo la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York escogió empresas y asignó fondos multimillonarios para hacer frente a la emergencia de COVID-19 y la crisis migratoria, el Concejo Municipal avanzó este martes en la discusión de una legislación para “enterrar para siempre” la posibilidad de que ante futuras eventualidades y fatalidades, la Alcaldía pueda realizar contrataciones multimillonarias de servicios, sin filtros, ni controles.
Solamente para atender a los solicitantes de asilo entre 2023 y 2024, la contraloría municipal ha cuestionado y ha hecho muchas observaciones, sobre la forma cómo se asignaron por lo menos 5,7 mil millones de dólares para costear alimentos, hospedajes y otros servicios a la masa de recién llegados, luego de haber pasado la frontera con México.
Históricamente, el grueso de las irregularidades de acuerdo con un informe del Departamento de Investigación (DOI) provienen de los servicios de albergues para personas sin hogar, en donde además están involucradas supuestamente organizaciones sin fines de lucro dedicadas a ofrecer servicios humanitarios.
Antes estos escenarios, en los cuales no todas las cuentas están claras, este martes se continuó analizando un proyecto de ley presentado por la presidenta del Concejo Julie Menin, el cual limita la duración de cualquier contrato de emergencia a 90 días, a menos que el Contralor otorgue una aprobación previa por escrito para un período mayor.
La nueva norma también exigiría que los contratos de emergencia se presenten al Contralor y al abogado de la Ciudad para su auditoría, dentro de los 15 días posteriores a su ejecución, siempre que la falta de presentación del contrato dentro de los 15 días no lo anule automáticamente.
“Estamos restaurando la rendición de cuentas y estableciendo barreras reales para que el gasto en crisis sea transparente, justificado y fiscalmente responsable. Los neoyorquinos merecen una supervisión inteligente, no cheques en blanco”, declaró Menin.
La legislación que con toda seguridad pasará la mayoría demócrata de la Cámara, cambiaría la norma vigente en donde no se establecen en este tipo de contrataciones límites de tiempo. Hasta ahora se ha permitido que se extiendan por meses o incluso años.
“Este tipo de contrataciones han aumentado de manera considerable en los últimos años, sin un control adecuado. Estamos seguros que estamos dando un paso que ahorrará mucho dinero a los contribuyentes”, reforzó en la sesión de discusión, Lincoln Restler, líder del Comité de Contratos de la cámara municipal. .
Emergencias y escándalos
El Covid-19 y la crisis migratoria, las dos grandes eventualidades de salud pública y humanitarias enfrentadas por la Ciudad de Nueva York en los últimos cinco años, implicó el desembolso de miles de millones de dólares de los contribuyentes para cubrir servicios sanitarios, hospedajes, hoteles y alimentación.
Todo sucedió respectivamente durante las administraciones de Bill de Blasio y Eric Adams. Lo cual dejó muchas interrogantes por parte de la contraloría municipal.
De acuerdo con varios informes compartidos por el Concejo, varias denuncias y escándalos judiciales claramente registrados, algunos de los contratos multimillonarios asignados en medio de estas contingencias, supuestamente escondían muchas irregularidades: sobreprecios, empresas dudosas y en consecuencia la calidad de los servicios.
En el caso de la pandemia, como establece con muchos detalles un informe del Concejo Municipal, “la Ciudad gastó casi 7 mil millones de dólares en contratos de emergencia registrados bajo la Orden Ejecutiva de Emergencia 101, que suspendió la supervisión normal de las adquisiciones por parte de la Contraloría, lo cual provocó un desperdicio de fondos significativos”.
En el caso de una serie de contratos para ofrecer alimentos, hospedajes y otras comodidades a los solicitantes de asilo, el reporte de la comisión de contrataciones de la cámara legislativa municipal, apunta a que los contratos “algo turbios y dudosos” continuaron.
Basados en una auditoría de la Contraloría se reveló que, para noviembre de 2023, la Ciudad había comprometido aproximadamente 5,7 mil millones de dólares en 340 contratos de emergencia relacionados con servicios para hacer frente a la crisis migratoria que trajo a la ciudad a más de 120,000 inmigrantes.
“La falta de coordinación entre estos contratos dio lugar a que las agencias pagaran tarifas muy dispares por servicios comparables, con compensaciones por hora para puestos equivalentes que oscilaban entre 58 y 201 dólares en diferentes contratos”, concluye el informe.
Como prosigue el informe, que sustenta la redacción de este proyecto legislativo, en septiembre de 2023, el entonces Contralor, Brad Lander, denegó la aprobación de un contrato de emergencia sin licitación de 432 millones de dólares con la empresa DocGo, una empresa de servicios médicos sin experiencia en viviendas de emergencia, alegando preocupaciones sobre la responsabilidad del proveedor, su capacidad fiscal y el proceso de selección de subcontratistas.
“La administración Adams procedió con el contrato a pesar de las objeciones. Una auditoría posterior reveló millones de dólares desperdiciados en habitaciones de hotel sin usar, subcontratistas no autorizados y condiciones peligrosas, como moho, y la falta de personal para puestos críticos de trabajadores sociales”, precisó un documento divulgado por el Concejo.
Más casos
Otro ejemplo notable, que destacan los legisladores, en un informe basado en datos de la contraloría, es que durante la Administración De Blasio aparentemente el Departamento de Saneamiento otorgó un contrato de distribución de alimentos de emergencia por 14 millones de dólares a Cariati Developers Inc., un proveedor cuyo propietario había sido condenado por problemas con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), tan solo un mes antes de la adjudicación del contrato, y que además no tenía experiencia previa en la obtención, la preparación y la distribución de alimentos.
El contrato se rescindió después de solo tres semanas, pero no antes de que la Ciudad pagara a Cariati casi $1,5 millones por servicios calificados por la contraloría como “inadecuados”.
Asimismo, un informe del Departamento de Investigación (DOI) divulgado en 2024, examinó a 51 proveedores de refugios sin fines de lucro y encontró cientos de problemas de cumplimiento. Asimismo, se detectó que aparentemente los ejecutivos de organizaciones sin fines de lucro tenían intereses financieros en subcontratistas que proporcionaban alimentos, seguridad y otros servicios en los refugios que administraban.
El dato:
- 85% de los contratos de emergencia en la Ciudad se han presentado más de 30 días después de la fecha de inicio del contrato, lo que dificulta significativamente la capacidad de la Contraloría y del Departamento de Investigación para identificar problemas y proteger el dinero de los contribuyentes, de acuerdo con un reporte de la oficina del Contralor Municipal.
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