Una corte federal de apelaciones resolvió este jueves que la administración del presidente Donald Trump actuó de manera ilegal al intentar cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Venezuela y Haití, y señaló que las autoridades federales excedieron su capacidad legal al retirar estas protecciones migratorias.
El Circuito de Apelaciones ratificó una decisión previa de un tribunal de menor instancia, señalando que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tenía la facultad para terminar de forma anticipada con el programa para ambas naciones. El fallo destaca que Noem “excedió su autoridad” al tomar estas medidas contra cientos de miles de beneficiarios.
El gobierno de Trump eliminó el TPS para los venezolanos en 2025 bajo la premisa de que las condiciones en su país de origen habían mejorado. La medida afectó a cerca de 350,000 personas, quienes perdieron su permiso de trabajo y la protección frente a procesos de deportación.
¿Se producirán cambios inmediatos?
A pesar de la contundencia del fallo judicial, la resolución no generará cambios operativos de forma inmediata. Esto se debe a que, el pasado octubre, la Corte Suprema autorizó que la rescisión del programa entrara en vigor mientras los jueces analizan el fondo jurídico de la controversia.
Los argumentos del Gobierno sostienen que el país ya no cumple con los requisitos de crisis que motivaron la designación original, mientras que el tribunal de apelaciones sostiene que el procedimiento de cancelación fue ejecutado fuera del marco legal permitido.
El TPS es un mecanismo creado por el Congreso en 1990 mediante la Ley de Inmigración para proteger a extranjeros de países con conflictos armados o desastres naturales. En el caso de Venezuela, el programa fue establecido el 9 de marzo de 2021 por la administración de Joe Biden, debido a la crisis humanitaria y económica que impedía un retorno seguro para sus ciudadanos.
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