Un tribunal federal emitió hoy una medida cautelar de emergencia que obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a permitir el acceso inmediato y sin previo aviso de 13 miembros del Congreso a sus centros de detención.
El fallo judicial surge tras la implementación de un memorando secreto por parte de la secretaria del DHS, Kristi Noem. Dicho documento restablecía la obligatoriedad de notificar con antelación las visitas legislativas, contradiciendo una suspensión preliminar dictada en diciembre, informó la organización Democracy Foward.
La existencia de este memorando se reveló cuando varios congresistas intentaron ingresar a una instalación en Minnesota, tras la muerte de un ciudadano estadounidense a manos de un agente federal, y se les denegó la entrada a pesar de portar una orden judicial.
La demanda, encabezada por organizaciones como Democracy Forward y American Oversight, argumentó que estas restricciones bloquean la facultad constitucional del Congreso para fiscalizar el cumplimiento de la ley y las condiciones de salud y seguridad de los detenidos.
Restablecimiento de la supervisión del Congreso
En tal sentido, los legisladores demandantes recuperan la autoridad para inspeccionar en tiempo real aspectos críticos como el hacinamiento, el uso de grilletes, el acceso a atención médica y la asesoría legal.
“La decisión del Tribunal de hoy de conceder una orden de restricción temporal contra el esfuerzo ilegal de ICE para obstruir la supervisión del Congreso es una victoria para el pueblo estadounidense. Seguiremos luchando para garantizar que prevalezca el Estado de derecho”, dijo Joe Neguse, líder asistente demócrata.
Por su parte, Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, señaló que el fallo permite “exponer condiciones peligrosas de detención, proteger a las personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, que están bajo custodia gubernamental y hacer cumplir la ley cuando la administración se niega a hacerlo”.
Chioma Chukwu, directora de American Oversight, sostuvo que “el tribunal ha dejado claro que ninguna administración está por encima de la ley y que las consecuencias humanas de la detención no pueden ocultarse de la vista pública”.
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