Un grupo de 90 demócratas en la Cámara de Representantes, encabezados por el congresista Robert Garcia, solicitó formalmente al presidente Donald Trump que retire el plan del Departamento de Comercio y de la Oficina del Censo para incluir una pregunta sobre ciudadanía en la Prueba del Censo 2026.
Mediante un comunicado de prensa se explica que esta iniciativa, según los legisladores, genera preocupación sobre la posibilidad de que la administración busque reinstalar la polémica pregunta en el Censo 2030, lo que, afirman, podría desalentar la participación de comunidades inmigrantes y comprometer la exactitud del conteo nacional.
Temor a un efecto disuasorio en inmigrantes
En una carta dirigida a las autoridades federales, los congresistas advirtieron que cualquier intento de agregar una pregunta sobre ciudadanía podría tener un efecto disuasorio, incluso entre personas que residen legalmente en Estados Unidos.
“Muchos inmigrantes o ciudadanos que viven en hogares de estatus migratorio mixto, incluidos residentes permanentes legales, enfrentan miedo e incertidumbre sobre quién podría ser el próximo objetivo de desnaturalización o deportación”, escribieron los legisladores.
El Censo se realiza cada 10 años y es clave para determinar la representación política en el Congreso, así como la distribución de miles de millones de dólares en fondos federales para educación, salud, vivienda, transporte e infraestructura. Una baja participación en determinadas comunidades podría traducirse en menos recursos y menor representación durante la próxima década.
Antecedentes de la controversia
La discusión revive una batalla legal que marcó el Censo 2020. Durante su primer mandato, la administración Trump impulsó la inclusión de una pregunta de ciudadanía, argumentando que era necesaria para reforzar el cumplimiento de la Ley de Derecho al Voto. Sin embargo, múltiples demandas estatales y de organizaciones civiles culminaron en una decisión de la Corte Suprema que bloqueó la medida.
Ahora, la preocupación gira en torno a la Prueba del Censo 2026, un ensayo técnico previo al conteo oficial de 2030. Aunque se trata de una prueba, los demócratas sostienen que su implementación podría sentar las bases para una futura inclusión permanente de la pregunta.
“El intento de preguntar sobre ciudadanía plantea serias dudas sobre si la administración está buscando una vez más manipular el Censo y privar a comunidades de representación y recursos vitales”, señaló Garcia en un comunicado.
Protección de datos bajo la ley federal
En su carta, los legisladores recordaron que el Título 13 del Código de EE.UU. establece estrictas protecciones de confidencialidad para la información recopilada por la Oficina del Censo. La ley prohíbe divulgar datos que identifiquen a personas, hogares o empresas específicas.
No obstante, expresaron inquietud sobre la posibilidad de que otras agencias federales intenten acceder a información sensible como parte de políticas migratorias más amplias. El temor, aseguran, podría disuadir a miles de familias de completar el cuestionario, incluso si sus datos están protegidos legalmente.
Expertos en demografía han advertido durante años que el simple clima de incertidumbre puede afectar la tasa de respuesta en comunidades vulnerables. Estados con grandes poblaciones inmigrantes como California, Texas, Florida y Nueva York podrían experimentar impactos significativos si se produce un subconteo.
Lo que está en juego en el Censo 2030
El Censo no solo determina cuántos escaños recibe cada estado en la Cámara de Representantes, sino que también influye en la distribución de programas federales esenciales. Entre ellos se incluyen fondos para escuelas públicas, Medicaid, programas de nutrición y asistencia para vivienda.
Un subregistro en barrios con alta concentración de inmigrantes podría traducirse en menos recursos durante 10 años, afectando directamente a servicios locales y estatales.
Organizaciones de derechos civiles y grupos comunitarios ya han comenzado a expresar preocupación ante la posibilidad de que resurja la polémica pregunta. Argumentan que, más allá del debate legal, la confianza pública es un factor clave para garantizar un conteo completo y preciso.
Respuesta pendiente del gobierno
Hasta el momento, el Departamento de Comercio no ha emitido una respuesta oficial a la carta de los legisladores. Tampoco se han divulgado detalles específicos sobre cómo se implementaría la pregunta en la Prueba del Censo 2026 ni qué metodología se utilizaría para evaluar su impacto.
Mientras tanto, el debate promete intensificarse en el Congreso y en los tribunales si la propuesta avanza. Para muchos defensores de derechos civiles, la discusión no solo trata sobre una pregunta en un formulario, sino sobre la confianza en el proceso democrático y la equidad en la representación política.
Con el Censo 2030 aún a varios años de distancia, la controversia sobre la pregunta de ciudadanía vuelve a situarse en el centro del debate nacional, en un contexto marcado por profundas divisiones en torno a la política migratoria y el papel del gobierno federal en la recopilación de datos poblacionales.
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