El plan del gobierno norteamericano de deportar a millones de migrantes anualmente se ha traducido en la detención y deportación exprés de personas que llevaban más de 30 años viviendo en Estados Unidos, algunas con procesos migratorios vigentes o incluso enfermedades crónicas. Sin información, sin posibilidad de defensa y sin tiempo para contactar a sus familias, muchos no son enviados a su país de origen, sino a México, un territorio en el que quedan varados, sin documentos personales, sin redes de apoyo y con sus derechos vulnerados.
Lo que las autoridades presentan como un éxito estadístico, en el terreno se ve como una crisis humanitaria donde el caos se convierte en la principal herramienta del Estado para forzar el retorno a condiciones, en muchas ocasiones, inhumanas.
Este endurecimiento de la política estadounidense ha encontrado en México su mejor aliado logístico que opera bajo una estrategia silenciosa: el desgaste. Mientras los tiempos de espera para obtener refugio llegan a extenderse hasta por un año, el sistema parece diseñado para quebrar la voluntad del migrante mediante el abandono institucional, la militarización de las fronteras y un colapso burocrático que deja a miles en un limbo legal.
Las consecuencias de esta política no se miden en cifras ni en reportes oficiales, sino en historias de vida que cambiaron de un día a otro sin previo aviso. Conrado Zaldivar Kessel, un hombre cubano de 64 años, no fue detenido en una redada ni en un operativo, simplemente una mañana salió de su casa para cumplir con un trámite que para él era de rutina: firmar la supervivencia para el pago mensual de su pensión por discapacidad que el propio gobierno estadounidense le había otorgado años atrás después de haberse lesionado al trabajar en la industria petrolera. Ese día ya no volvió a su hogar; en cuestión de horas fue detenido, trasladado a un centro de detención migratoria y deportado fuera de Estados Unidos sin posibilidad de contactar a su hija y su nieta.
Cuando las autoridades migratorias lo dejaron en libertad se encontraba en la frontera sur de México, un país en donde no conoce a nadie. “He sido tratado brutalmente, me sacaron del país donde llevaba 30 años viviendo”, narra Conrado con un tono de desesperación desde un albergue para migrantes ubicado en Villahermosa, Tabasco.
Enfermo, sin dinero y con apenas algunos documentos personales, Conrado fue “abandonado” en la calle. “Cuando llegamos aquí a Inmigración nos botaron como si fuéramos perros, sin decirnos para dónde agarrar”, relata con un tono sombrío. Junto a él fueron deportados al menos otros cuatro hombres de origen cubano, algunos con más de 40 años de residencia en Estados Unidos, la mayoría con padecimientos crónicos y sin una red que pudiera recibirlos.
La deportación de Conrado ocurrió en el contexto del endurecimiento anunciado por Donald Trump al inicio de su segundo periodo como presidente, en enero de 2025, cuando suspendió programas de asilo a refugiados e inició las deportaciones masivas, en las que uno de los blancos prioritarios eran aquellos que habían obtenido el parole humanitario -una autorización discrecional del gobierno de E.U. que permite la permanencia temporal a una persona por razones humanitarias-, como era el caso de este abuelo cubano.
La efectividad de estas políticas de persecución se refleja en las estadísticas mexicanas: según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, los eventos de extranjeros en situación irregular pasaron de 986 mil 314 en 2024 a tan solo 109 mil 592 entre enero y septiembre de 2025. “Yo sabía que estaban deportando personas, pero nunca pensé que después de 30 años me iban a deportar para acá -México-”, dice Conrado.
Sentado en una de las bancas del albergue “Oasis de Paz del Espíritu Santo Amparito”, sostiene la única prueba de su vida en el país del norte: una carpeta con documentos que acreditan décadas de trabajo en la industria petrolera y su derecho a una pensión por discapacidad. Estos papeles, que en Estados Unidos los veía como su red de seguridad, en México no son nada. No tiene nada que le sirva para comprar comida o costear las medicinas que necesita.
La incertidumbre permea su vida, al igual que la de los cientos de migrantes que se encuentran en este albergue, Conrado tiene una fecha límite para seguir en este sitio, pero esto lo deja frente al abismo de no saber a dónde ir. A sus más de 60 años está atascado en un país que no es el suyo y con la imposibilidad de volver a trabajar debido a su debilidad física.
En el último año defensores de migrantes han identificado un patrón que se repite con frecuencia: migrantes con historias de arraigo en Estados Unidos, expulsiones aceleradas que tienen como destino México, pero sin documentos, ni atención médica y ninguna orientación sobre sus opciones legales. “Los casos que estamos recibiendo en su mayoría son personas que ya eran ciudadanos americanos, pero que tenían algún récord criminal y por eso fueron deportados sin sus documentos y la gran mayoría tienen enfermedades crónico degenerativas como glaucoma, diabetes o amputaciones por el mismo padecimiento”, explica Josué Martínez Leal, subcoordinador del albergue tabasqueño.
La realidad de los albergues choca con la versión de la actual administración. En su Informe de Labores 2024-2025, el gobierno mexicano asegura que actualmente se cuenta con un “modelo humanitario de movilidad” que busca sustituir el enfoque punitivo por uno de desarrollo. Sin embargo, la protección de derechos y la modernización de centros de asistencia que el documento asegura priorizar, siguen siendo un tema pendiente frente a la crisis migratoria que se vive en el país.
Para esta investigación se solicitó una postura al Instituto Nacional de Migración (INM) para conocer los protocolos específicos de atención y el fundamento legal bajo el cual extranjeros de terceros países están siendo traídos a México, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Separación de familias: el patrón, no la excepción
Esta investigación periodística, basada en 26 entrevistas en tres estados de México, 138 solicitudes de información y el análisis de datos oficiales de ambos países, documentó que, desde enero de 2025, la nueva política migratoria adoptada por los dos gobiernos ha fragmentado familias y dejado a miles de personas varadas en un país que no eligieron y que no está preparado para recibirlas.
El caso de María Luisa, mujer hondureña deportada en agosto de 2025, muestra cómo esta práctica se convirtió en un patrón recurrente. Después de vivir más de una década en Estados Unidos y formar una familia, decidió regularizar su situación a través de la aplicación CBP One. Acudió a sus audiencias migratorias y siguió el proceso legal, pero en la segunda corte le plantearon una “salida voluntaria” del país —un recurso legal que en teoría evita el castigo migratorio— que se convirtió en una “expulsión inmediata”. Sus dos hijos, de cuatro y seis años, se quedaron en Estados Unidos con la familia de su padre, quien sí es residente americano.
En el albergue para migrantes “Belén”, en Tapachula, Chiapas, el aire pesa. Allí, María Luisa relata con una ligera mueca de tristeza, frustración e impotencia, una de las llamadas con su hijo mayor, quien lanzó una pregunta devastadora: “¿Es cierto que ya no vas a regresar, que ya no nos quieres?”. Esta separación no fue una consecuencia colateral, sino una decisión administrativa; María Luisa no pudo salir de Estados Unidos con sus hijos ni tampoco permanecer detenida con ellos, tampoco tuvo tiempo de organizar adecuadamente su cuidado. “La deportación salió nada más para mí […] Me dicen que el gobierno de México me va a ayudar, pero aquí en el albergue nadie sabe qué va a pasar con nosotras. Nos están rompiendo la familia y nadie nos escucha”, cuenta. Desde entonces, el contacto con sus hijos es esporádico y depende de los días que el padre la deja hablar con ellos.
Esta práctica se ha vuelto más frecuente a raíz de las redadas de deportación, según explica la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), Gretchen Kuhner.
El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) advierte que, sólo en 2024, cuando aún estaba vigente la aplicación de CBP One, acompañó cerca de 600 casos de mujeres en procesos de obtener el asilo humanitario, pero desde el 20 de enero de 2025, cuando cerró el programa, muchas de ellas se quedaron varadas y decidieron solicitar asilo en México, IMUMI fue uno de los principales organismos en orientarlas en el proceso, por lo que fueron detectando escenarios dramáticos.
“Hemos acompañado a mujeres cuyos hijos se han quedado atrás, por ejemplo, la mujer que llevaba dos décadas o más en Estados Unidos y que dejó a cuatro hijos y la hija (de 17 años) ahora se está haciendo cargo […] A inicios de año -2025- una mujer fue deportada con uno de sus hijos, pero tres se quedaron con el esposo, él la alcanzó después aquí, era una familia venezolana”, narra Gretchen. El organismo cuenta con una abogada estadounidense que está intentando reabrir algunos casos en la corte de Estados Unidos, pero, hasta el momento, es un escenario muy difícil.
Lejos de ser casos aislados, las historias de María Luisa y de otras madres separadas de sus hijos revelan una práctica que vulnera de manera sistemática el interés superior de la niñez. La deportación de adultos, sin considerar los vínculos familiares ni el estatus legal de los menores -muchos de ellos ciudadanos estadounidenses-, ha convertido la separación familiar en una consecuencia directa de la política migratoria actual.
Aunque el “Modelo Mexicano de Movilidad Humana” establece la reunificación familiar como un pilar en el discurso oficial, la realidad es que esta responsabilidad recae, principalmente, en las ONG´s y organismos internacionales. Sin programas específicos para extranjeros, la reunificación no es un derecho garantizado, sino una apuesta que depende primordialmente de organizaciones como IMUMI.
¿Tercer país seguro?
Una vez en México, el retorno forzado no es el final del trayecto, al contrario, ahí comienza un laberinto del que ningún migrante saldría sin ayuda. Así lo documenta el informe “Sueños cancelados 2025”, basado en 51 entrevistas realizadas en la frontera norte -Chihuahua, Coahuila y Sonora- y en Tapachula, Chiapas, por al menos ocho organizaciones de apoyo a personas migrantes, entre ellas la Red Pedro Pantoja, que agrupa a 26 casas del migrante y centros de derechos humanos en 19 municipios fronterizos.
Este documento, presentado en julio de 2025, revela que el acuerdo binacional para retornar a nacionales de terceros países a México sigue operando cotidianamente, pero sin normas claras, ya que la promesa de que cada migrante sería devuelto a su país de origen sólo se ha transformado en vuelos directos al sur de México y expulsiones por tierra a ciudades fronterizas en donde su identidad y sus derechos parece que no existen.
“Los dejaban a la deriva, sin información y sin dinero”, explica María Concepción Martínez Rodríguez, coordinadora operativa del Centro Jesús Torres 24/7 en Torreón, Coahuila, y quien formó parte del equipo de documentación del informe. De acuerdo con los testimonios recabados, el abuso siempre fue la norma: “Algunos denunciaron el robo de sus pertenencias o que incluso ya traían documentos de su proceso ante la corte, porque ya habían pasado la selección de CBP One -cuando aún estaba- y ni eso les sirvió, no les importó, rompían sus documentos y a todos los pasaban a detención. Varios estuvieron hasta un mes en la cárcel, y sin contacto con ningún familiar”, explica Martínez Rodríguez.
El cierre de CBP One trajo como consecuencia que esta parálisis burocrática se amplificara; en el informe se estima que, al menos, 30 mil personas con citas ya agendadas y más de 270 mil registradas, hasta mediados de febrero 2025, quedaron varadas en México sin una guía clara de cómo continuar sus procesos y sin la posibilidad de regresar a sus países de origen, lo que se convirtió en un desplazamiento constante para muchos.
Cristina Minelli Sasso Vázquez, una madre guatemalteca que hoy sobrevive en la “Casa del Migrante”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, es el rostro de este bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Salió de su país en febrero de 2024 con la esperanza de una cita que nunca llegó. Su travesía por México ha sido una huida constante: a pesar de tener una tarjeta de visitante (TVR) de corta estancia y haber conseguido un trabajo, el miedo a que la arrebataran a su hijo por falta de documentación la llevó a moverse de Chiapas hasta Chihuahua.
Caos como estrategia
El endurecimiento de la política migratoria no termina con la deportación; en México comienza la segunda fase: la espera indefinida. Lo que a simple vista parece un sistema desbordado es, en realidad, una “política de desgaste”, un laberinto burocrático que obliga a familias enteras a permanecer meses -incluso años- en México sin un plan de supervivencia, aseguran expertos y defensores de migrantes.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en Tapachula, Chiapas, refleja esta situación. Aunque la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político establece un plazo de 45 días para resolver una solicitud de refugio, y la información oficial establece hasta seis meses, la realidad en las fronteras es otra. “Hay personas que no han podido acceder a un proceso de refugio cuando legalmente ya debería haber una resolución. Eso las deja en total desprotección”, explica Joselin Zamora, responsable de Comunicación del centro.
Aún cuando el trámite avanza, el sistema pone nuevos obstáculos: los solicitantes deben presentarse semanalmente ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) a firmar, un requisito no contemplado de manera explícita en la normativa y que los pone en riesgo de retenes u operativos durante cada traslado.
Cuando al fin se consigue un proceso de refugio, se tendría que obtener el documento de residencia humanitaria, pero eso tampoco desaparece la incertidumbre del migrante. Esta tarjeta, emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM) dejó de expedirse como un plástico oficial desde el 2023 y, al día de hoy, no es más que un simple oficio sin fotografía ni elementos de seguridad. “Aunque debería ser válida, muchas autoridades no la reconocen”, explica Zamora. Incluso, salir de la entidad donde se inició el proceso puede ocasionar una detención por las mismas autoridades que emitieron el documento.
No obstante, las cifras del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum dibujan un panorama diferente. Bajo el rubro de Regularización Migratoria por Razones Humanitarias, la administración afirma haber garantizado certeza jurídica a 22 mil 207 personas entre octubre de 2024 y junio de 2025, mediante la resolución favorable de su trámite de regularización migratoria por razones humanitarias
Además, el documento sostiene una operatividad casi inmediata: 76.1% de los casos (16 mil 907) se resolvieron el mismo día de la solicitud, mientras que “los cinco mil 300 trámites restantes (23.9%) se concluyeron en estricto apego a los plazos que marca la ley”.
Este equipo de investigación solicitó una postura a la COMAR sobre la extensión real de los tiempos de espera y al INM sobre los motivos de la situación de la tarjeta de residencia y las medidas para garantizar su validez ante las autoridades, pero ninguna de las dos instituciones emitió respuesta alguna.
Josué Martínez Leal, subcoordinador del albergue “Oasis de Paz del Espíritu Santo Amparito”, en Villahermosa, Tabasco, asegura que estas prácticas de “desgaste” y “caos” existen desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien en coordinación con la primera administración de Donald Trump consolidaron los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), mejor conocidos como “Quédate en México”, que convirtió a Villahermosa, desde 2019, en un punto concentrador de personas migrantes detenidos por el INM, deportados desde Estados Unidos y trasladados a lo largo del territorio nacional.
El esquema “de desgaste” que describe Martínez es claro: las detenciones se hacen en algún punto de la zona sur, centro y norte del país, de ahí son trasladados a la ciudad de Villahermosa, donde son puestos en libertad después de 24 horas, pero la gran mayoría sin atención médica ni información mínima de su estatus legal. “Los dejan aquí sin identificaciones ni ningún documento que acredite quiénes son y sin protección internacional”, explica Martínez Leal. Y, para intentar conseguir el refugio, se topan con un sistema rebasado por recortes presupuestales y falta de personal. La espera para obtener una respuesta por parte de las autoridades se puede extender entre ocho meses y un año, asegura.
Las cifras oficiales confirman esta presión sobre el sistema. Tan solo entre febrero y septiembre de 2025, la COMAR recibió 49 mil 974 solicitudes de refugio, de acuerdo con información solicitada vía transparencia. Las principales nacionalidades fueron: Cuba, Venezuela, Haití y Honduras. De estas, sólo 13 mil 467 obtuvieron un estatus legal ese año, es decir, únicamente tres de cada 10 migrantes lograron su legalidad.
El problema no es de incapacidad, sino de diseño, asegura el académico Javier Urbano Reyes, investigador de la Universidad Iberoamericana. “Generar miedo, incertidumbre y duda son instrumentos de política pública. No son fallas. El caos como estrategia está sirviendo para justificar la contención”, asegura. El académico enfatiza que el gobierno mexicano se ha concentrado en infraestructura y control, pero no en políticas de integración, retorno o protección del derecho a migrar o, incluso, quedarse.
“Es más costoso invertir en proteger, promover, derivar, orientar y generar un proceso de desarrollo que inhiba la migración por vía positiva, es decir, protección del derecho a movilizarse”, dice Urbano.
A pesar de esto, el gobierno de México sostiene que ha dado cumplimiento al Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular firmado en Marrakech, Marruecos, en diciembre de 2018, con el cual se han entregado tarjetas que acreditan la condición de estancia regular a 165 mil 378 migrantes entre el 01 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2025. La mayoría de estas (53.7%) fueron para residentes temporales y el 38.7% para permanentes, mientras que las tarjetas por razones humanitarias apenas representaron el 3.4% del total.
Cerco militar y violación de derechos
Para esta investigación se realizaron más de una veintena de entrevistas a personas migrantes en Tapachula, Chiapas; Tenosique y Villahermosa, Tabasco y Ciudad Juárez, Chihuahua. La mayoría quedaron varadas en México mientras esperaban una cita con el CBP One; otros vivían en Estados Unidos y fueron parte de las deportaciones masivas. En todos los testimonios se hace presente una misma realidad: su tránsito por México se ha convertido en una persecución constante, donde sus derechos son violados de manera sistemática y la seguridad sólo está en el imaginario.
A pesar de que la Guardia Nacional (GN) informó vía transparencia, que entre 2024 a 2025 el número de elementos distribuidos en las 10 entidades del país que constituyen las líneas fronterizas del sur y del norte pasaron de 29 mil 787 a 23 mil 204, en sitios como Coahuila y Nuevo León, dos puntos neurálgicos para el paso del migrante, incrementaron notablemente su presencia, particularmente en Coahuila, donde aumentó de 2 mil 950 a 3 mil 753, es decir 803 efectivos más.
En Tenosique, Tabasco, Martín Salmorán Vázquez, subdirector del albergue “La 72”, describe una escena, que contrario a los datos de baja presencia de la GN, se ha hecho cotidiana en la región. “Vemos cómo la Guardia Nacional los detiene, los corretea. A mí me tocó verlo en el tramo de Tenosique al Ceibo: militares persiguiendo a migrantes. Ellos no pueden detenerlos, esa es función de Migración. Tampoco corretearlos. No son delincuentes, no son criminales, y aun así se están violentando sus derechos”, asegura.
La percepción no es aislada. “Todos los que estamos en terreno estamos viviendo esta realidad: militarización, criminalización y violaciones a derechos humanos contra personas migrantes”, agrega Salmorán Vázquez. En Tapachula, Joselin Zamora coincide: los migrantes enfrentan operativos diarios del Instituto Nacional de Migración, acompañados por corporaciones de seguridad que no necesariamente tienen atribuciones para la verificación migratoria.
“Hay toda una estrategia militar de detención contra familias, niñas, mujeres, que ya vienen huyendo de violencias graves y se topan con un cerco de personal armado, entrenado bajo una lógica militar que se usa para detenerles”, señala Zamora.
Pero en el informe Presidencial 2024-2025 este despliegue se justifica como una acción que es únicamente en apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM) y se califica como de “rescate”, enfatizando que gracias a esto se ha logrado “rescatar” a 26 mil 738 migrantes. Ante los testimonios recolectados que señalan una persecución constante y abusos durante los operativos de contención, se solicitó una postura oficial a la Guardia Nacional y se envió un cuestionario detallado para conocer los protocolos de actuación, sin embargo, hasta el momento de esta publicación, no se ha recibido respuesta alguna.
La GN no es la única institución que infunde temor entre la población migrante. Tras realizar más de un centenar de solicitudes de información a instancias federales, estatales y organismos de derechos humanos, se documentó que en 2024 se registraron 3 mil 024 quejas de extranjeros en movilidad, la mayoría se hicieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En nueve de cada diez casos, los organismos señalados fueron la COMAR (894) y el Instituto Nacional de Migración (mil 994). En el análisis se identificaron mil 466 migrantes afectados y 20 recomendaciones contra el INM.
En 2025, la situación empeoró. Durante los primeros ocho meses del año, las quejas acumuladas sumaron 4 mil 396. Aunque el INM sigue bajo la lupa, las denuncias contra la COMAR crecieron casi el triple, alcanzando los 2,919 reportes. Las violaciones más frecuentes fueron al derecho a la legalidad y al debido proceso, abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza. Algunas de las nacionalidades más afectadas son Honduras, Venezuela y Colombia.
Según el Informe 2024-2025, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) instruyó a servidores públicos estatales y municipales —especialmente en la frontera sur— sobre los derechos de las personas en movilidad. Bajo esta línea, se reportan 4,031 asesorías y vinculaciones de servicios diseñadas para atender el “duelo migratorio”, la violencia y la separación familiar.
Otro dato revelador es el tipo de delitos cometidos contra extranjeros. Entre febrero y agosto de 2025 se abrieron 3 mil 521 carpetas de investigación con un total de 2 mil 646 víctimas. Las principales agresiones que denuncian son: robo, violencia familiar, fraude y amenazas, de acuerdo con los datos entregados vía transparencia.
El muro del miedo
El fenómeno de la migración no ha desaparecido. Está contenida a la fuerza, comprimida en corredores de espera, albergues saturados y trámites que no avanzan. Transita por un periodo “de sueño”, que su naturaleza resiliente le ayudará a pasar, asegura Javier Urbano Reyes.
“Lo que está pasando son tres o cuatro cosas básicas”, explica. La migración es latente y se está asentando en México mientras espera una oportunidad; las causas estructurales que la empujan no han cambiado; la cadena no se rompe, se alarga -con nuevas rutas desde el Caribe, Haití y Nicaragua-; las zonas de espera se convirtieron en espacios de represión y vulneración de derechos; y la reducción de los flujos no responde a una estrategia integral, sino a la represión, pero “es como encerrar a un toro en un corral sin ningún tipo de bases: eventualmente lo va a romper”.
En este segundo mandato de Donald Trump, el muro de acero ha sido sustituido por un muro de miedo. El sacerdote César Augusto Cañaveral, responsable de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana en la Diócesis de Tapachula y director del Albergue Belén para Migrantes en esa ciudad chiapaneca, es tajante al respecto. “En la primera administración no pasó esto, pensó que el muro los iba a detener. Los muros hoy son humanos, son patrullajes y redadas. Tuvo la capacidad de infundir miedo esta vez. Los migrantes tienen temor”, dice. La consecuencia es una desesperación que los obliga a regresar en peores condiciones, “más inhumanas” incluso que las del inicio del viaje. “Hay gente que me ha dicho: ya no quiero regresar”.
El llamado “sueño americano” se transformó en una pesadilla compartida, incluso para quienes ya lo habían alcanzado. Conrado Zaldivar Kessel, padre y abuelo cubano, lo dice sin rodeos desde un albergue en Villahermosa: “Tengo 64 años. Aquí no puedo trabajar. Traigo todos estos documentos buscando ayuda. No tengo dinero, familia, nadie. ¿Para dónde voy a ir yo?”.
(*) Texto: Esmeralda Sánchez / Edición: Daniela Guazo. Este reportaje forma parte de Deportation Tracker, un proyecto del Border Center for Journalists and Bloggers con el apoyo de Global Exchange. Su publicación en este diario fue con autorización del Border Center for Journalists.
#Deportación #desgaste #nuevo #muro #entre #México #Estados #Unidos #frena #migración
