El director Nacional de la Oficina de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentin, defendió la puesta en libertad pura y simple de Jean Andrés Pumarol por su estado mental, reconocido por la Sociedad de Psiquiatría. «Un inimputable no puede ser procesado penalmente, y eso los jueces lo saben«, advirtió el abogado.
Valentín considera que el juez actuó conforme a las leyes penales y la constitución. Y aunque reconoce que Pumarol debió ir a un centro de atención psiquiátrico atribuye responsabilidades al Estafo y no al sistema de Justicia.
«Ahora, el destino de él es responsabilidad del Estado de tenerlo en un centro psiquiátrico, pero no enviarlo a una prisión cuando es inimputable«, sentenció Rodolfo Valentin.
Dijo que por su condición de un delito de acción pública el Estado debe ahora encargarse de dar seguimiento al cuidado de Pumarol, declarado en un estado psiquiátrico peligroso.
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No obstante, la Finjus entiende que el juez debió ordenar, de manera paralela, el reclutamiento obligatorio del paciente en un centro clínico. La puesta en libertad de Pumarol bajo el alegato de su estado mental ha dejado al desnudo una serie de debilidades del sistema judicial.
Servio Tulio no se opone a que haya sido declarado inimitable, pero entiende que el juez debió tomar en cuenta el estado de inseguridad al que su decisión somete a sus vecinos, donde ya mató a una mujer y dejó herida a otras cinco.

«El problema de esta decisión, a mi juicio, fue que es una decisión que no se condicionó a nada. Generalmente, cuando se dan decisiones de esta naturaleza que se dan, se condicionan medidas de seguridad en el sentido de que la persona que resulte ser beneficiada con una decisión de esa naturaleza se manda, por ejemplo, a un hospital psiquiátrico. Entonces, ese es el vacío que tenemos«, aseguró Castaños Guzmán.
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