La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el presidente de Transcore Latam, Jochi Gómez; y Pedro Padovani, exjefe de Control de Tráfico Intrant, por liderar una red de corrupción en la red de semáforos del Gran Santo Domingo.
El caso también fue declarado complejo según lo solicitado por la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Deberán cumplir con la medida coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo. Asimismo, el juez Veloz impuso garantía financiera e impedimento de salida a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología de Intrant; Carlos José Peguero Vargas, acusado de movilizar fondos a través de Inprosol SRL desviando dinero adjudicado a Transcore Latam SRL, y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien era jefe de la Dirección Administrativa y Financiera del Intrant.
Durante la Operación Camaleón se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo participaron aproximadamente 170 miembros de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados. crimen organizado.
En los allanamientos se incautaron cientos de pruebas que confirman las acusaciones del Ministerio Público. Por este motivo, el órgano fiscal ha calificado la Operación Camaleón como una de las “más exitosas” contra el crimen organizado.
El Ministerio Público presentó, entre otras pruebas, un contrato fraudulento para la modernización del sistema semáforo del Gran Santo Domingo y un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix. utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado.
También se presentaron pruebas relacionadas con el sabotaje a la red de semáforos en agosto, todas ellas elementos claves del proceso.
Los imputados en la Operación Camaleón son investigados por conductas propias de lo establecido en los artículos 146, inciso 1 de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción); artículos 123, 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documento privado); 171 y 172 (malversación), artículos 265 y 266 (asociación de malhechores).
Así como el artículo 405 (dolo en perjuicio del Estado dominicano) del Código Penal dominicano; artículos 11, 17, 27 y 28 (sabotaje, usurpación de identidad, delitos y ofensas contra la nación y actos de terrorismo), de la Ley núm. 53-07, contra Delitos y Delitos de Alta Tecnología.
Así como, los artículos 5, 33, 34, 35, 36, (contrabando) de la Ley núm. 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados; y los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 (Lavado de Activos) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, artículos 5, 8 letra F y 26 de la Ley núm.
267-08 sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, artículos 66, 67 y 69 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, todo ello en perjuicio del Estado dominicano.
