Por Harolyn Gavilán
Laura AcostaEl abogado del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, informó que Fátima Velozde la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, justificó la imposición de una medida coercitiva contra su defendido por ser un funcionario de “alta jerarquía” que representaba un peligro para la investigación.
“Después de la decisión del juez, evidentemente no estamos satisfechos. “Ella rechazó nuestra solicitud de nulidad del proceso, basándose en que no contaba con elementos suficientes para determinar si ocurrió o no lo que proponemos”, dijo Acosta al salir de la audiencia en la que se dictaron 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción. contra Hugo Beras, involucrado en la Operación Camaleón.
Respecto a la prisión preventiva, Acosta sostuvo que el juez argumentó que, al haber Beras un funcionario de “alta jerarquía”, existía un riesgo para la investigación, “a pesar de que él ya no ocupa ese cargo y no tiene la facultad que ella le atribuye”.
Indicó que respeta “profundamente” a la jueza, pero no está de acuerdo con su decisión y aseguró que procederá a apelar.
“Esto no ha terminado, apenas comienza, y vamos a luchar para que Hugo regrese a casa con su familia y sus hijos”, declaró el jurista, al tiempo que agregó que hay “grandes intereses” en la investigación y que Hugo tiene sido un “chivo expiatorio”.
Otros involucrados
La misma medida de 18 meses de prisión también fue impuesta por el juez al empresario José Ángel Gómez Canáan –Jochi Gómez- y a Pedro Vinicio Padovani Báez, exgerente del Centro de Control de Tránsito de Intrant.
Tanto Hugo Beras como estos dos últimos deberán cumplir la medida coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo.
En el caso de Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología Intrant, el juez ordenó arresto domiciliario como medida de coerción.
Garantía económica
Asimismo, el magistrado de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, ordenó garantía financiera, impedimento de salida y presentación periódica para Frank Rafael Atilano Díaz Warden, ex coordinador de oficina y representante de Beras ante el Comité de Compras Intrant.
De igual forma, el juez ordenó estas mismas medidas para Carlos José Peguero Vargas, acusado de movilizar fondos a través de Inprosol SRL desviando dinero adjudicado a Transcore Latam SRL, y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien era jefe de la Dirección Administrativa y Financiera del Intrant.
Según el órgano de fiscalía, los involucrados conformaron una red de corrupción que involucra a exfuncionarios y empresarios vinculados al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
