Castillo alega que fue defraudada por Pedro Vásquez, el presunto dueño de la dealer “Importación automática de Julis”, ubicado en la Avenida Máximo Gómez, Distrito Nacional. Según su testimonio, Vásquez y su hermano desaparecieron luego de que ella les entregara dos vehículos para vender.
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“Fuimos víctimas de una estafa de Pedro Vásquez y su hermano, quienes intentaron desaparecer nuestros vehículos. “Tuvimos que actuar rápidamente y presentar una denuncia en el Juzgado de Ciudad Nueva”.dijo Castillo.
Uno de los vehículos fue localizado y recuperado, pero, según Castillo, la Fiscalía mantiene detenido el otro vehículo injustificadamente. “El vehículo está detenido ilegalmente. “La Fiscalía dice que no hay alerta de robo y que no hay justificación para entregármelo, aunque tengo una certificación que demuestra que no hay ningún caso pendiente con ese vehículo”, añadió el denunciante.
El caso estuvo inicialmente a cargo de la fiscal Rosana Molano, quien, según Castillo, se comprometió en tres ocasiones a entregar el auto, pero luego se desvinculó del caso. “Ahora el caso está en manos de otro fiscal, Nelson Beltréquienes ayer nos hicieron perder el tiempo diciendo que todo el proceso tenía que empezar de nuevo”, añadió.
La situación escaló cuando Castillo y su familia acudieron a la fiscalía para exigir la devolución del vehículo, lo que terminó con la detención de su madre por presunta “alteración del orden”.
“Mi madre fue arrestada injustamente. “El fiscal ordenó su detención y la mantuvieron detenida a pesar de que somos víctimas de esta estafa, miren como le dejaron las manos moradas”. afirmó la joven, quien compartió su situación en un video que ha circulado en las redes sociales.
Castillo concluyó pidiendo justicia y denunciando los abusos que afirma haber sufrido por parte de las autoridades. “No puede ser que mientras los delincuentes quedan libres, las víctimas sean tratadas como culpables. “Esto es un abuso por parte de la Fiscalía”, expresó.
La joven exigió la devolución de su vehículo y el fin de lo que califica como un “ataque” por parte de las autoridades.
