El conocimiento de la medida coercitiva estaba previsto que se conociera el pasado miércoles, pero fue postergado luego de que el tribunal acogiera el pedido de la defensa de varios de los imputados, quienes pidieron tiempo para estudiar las supuestas pruebas que han sido presentadas. el Ministerio Público.
El ente fiscalía, por su parte, solicitó 18 meses de prisión preventiva contra la presunta red que supuestamente robó al menos 900.000 proyectiles a los uniformados. El expediente fue depositado alrededor de las 23 horas del lunes.
El órgano fiscal también solicitó al tribunal que el caso sea declarado de trámite complejo.
Las autoridades informaron que los policías fueron detenidos como parte de la Operación Pandora.
Entre los detenidos se encuentra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien estaba a cargo de la custodia de armas y municiones, así como el vicealcalde Juan Miguel Pérez Soler.
También fueron detenidos el Capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Equipos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar el robo de cientos de municiones, y el subteniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Otros policías detenidos son el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez, alias Escobar y Moreibin Medina Pérez y Miguelina Bello Segura, quienes se desempeñaron como piezas claves en la parte operativa de la organización criminal, según el Ministerio Público.
Según el Ministerio Público, el Capitán Santos había sido auditor de la Administración de Armas durante más de seis años y además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los cabecillas de la red para intentar manipular nuevamente los números ante el avance. de la investigación, “acción que fue rápidamente detectada por los investigadores”.
La investigación permitió la incautación de armas, proyectiles, pruebas digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, “consolidando un conjunto robusto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción”.
