Santo Domingo.- En la realidad jurídica de República Dominicana, hay temas que frecuentemente se discuten en los pasillos de los tribunales, fiscalías y despachos de abogados, pero que rara vez se abordan con la urgencia y profundidad necesarias.
Las reformas en estos ámbitos son prácticamente inexistentes, a pesar del impacto directo que tienen en la vida de muchos ciudadanos.
En este artículo, más que realizar un análisis técnico-jurídico, me propongo ser la voz de quienes han sido víctimas de tres situaciones comunes pero graves que afectan a nuestra sociedad: falsas demandas laborales, invasores de tierras y acciones imprudentes. .
A continuación, abordo estos tres temas con el objetivo de llamar la atención sobre la necesidad de cambios estructurales.
Falsas demandas laborales: un cartel en la sombra
Es bien sabido que en República Dominicana existen despachos de abogados que, durante años, han operado como verdaderos cárteles, dedicados a fabricar demandas laborales fraudulentas contra empresas.
Estas demandas, interpuestas por supuestos trabajadores que nunca han trabajado en las organizaciones demandadas, buscan explotar las debilidades del sistema judicial.
El sector más afectado es el de la construcción, donde el flujo constante de empleados facilita que estos “cárteles laborales” obtengan información interna de las empresas, como nombres de socios, gerentes, ingenieros y proyectos.
Con esta información en la mano fabrican falsos testimonios y demandantes, logrando convencer a los tribunales de la veracidad de sus alegaciones.
El daño es profundo y afecta no sólo la esfera económica de las empresas, sino también la integridad del sistema judicial.
Invasores de tierras: un cártel aún más peligroso A diferencia de las oficinas que fabrican demandas laborales falsas, los invasores de tierras actúan con violencia y extorsión.
Estos grupos se aprovechan de propiedades desocupadas, ya sean terrenos o viviendas, y realizan mejoras o se mudan ilegalmente, desafiando la propiedad legítima. El elevado coste de los procedimientos judiciales para desalojar a estos okupas deja indefensos a muchos propietarios de viviendas de clase media, obligándoles a negociar la entrega de sus viviendas a cambio de sumas injustificadas.
Los invasores no sólo violan la ley, sino que también infunden miedo y violencia, aprovechando la lentitud del sistema judicial para regularizar la posesión de bienes.
Acciones imprudentes: un mal uso de la ley
Las acciones imprudentes se han convertido en un problema común, tanto entre abogados como entre ciudadanos que buscan evadir responsabilidades o chantajear a otros.
Existen varios ejemplos de este tipo de conductas, que perjudican tanto al sistema judicial como a las partes.
involucrado:
a. Los deudores que registren falsamente documentos que reconozcan sus deudas, con el fin de
ganar tiempo y detener los procesos de cobranza.
b. Causas penales abiertas por incumplimientos de contrato que deberían ventilarse en procesos civiles, pero que se persiguen penalmente bajo determinados tipos penales, buscando intimidar a la contraparte.
do. Registro de nombres comerciales ya utilizados públicamente con anterioridad, con el objetivo de extorsionar a los legítimos titulares o confundir al público para obtener ganancias indebidas.
La realidad que enfrenta el sistema judicial dominicano es alarmante. Los reclamos laborales fraudulentos, los invasores de tierras y las acciones imprudentes no sólo afectan a personas y empresas, sino que también erosionan la confianza en el sistema de justicia.
Estos problemas requieren atención urgente y reformas que prevengan los abusos y protejan los derechos de los ciudadanos. Sólo así podremos avanzar hacia un sistema más justo y transparente.
