Según el jurista, esta política no introduce cambios sustanciales, pero se alinea con los derechos ya establecidos en el Constituciónel Ley 172-13 y tratados internacionales “esta política no trae nada nuevo que no existiera ya”, afirmó.
Durante su participación en el programa El DespertadorPeña señaló que la política busca garantizar una adecuada interpretación de derechos como privacidad y el protección de datos personales. Además, destacó la importancia de proteger la información sensible, como información bancaria o familiar, para evitar su uso indebido.
Peña aclaró que, si bien el derecho a la información Es fundamental, no es absoluto y debe respetar ciertos límites. “No estamos hablando de restringir información de interés público, como la de funcionarios que han cometido actos ilícitos, pero ciertos datos no deben estar al alcance de todos”, indicó.
Pascal también destacó el concepto de “derecho al olvido”aplicado en otros países, que permite desindexar información sin relevancia pública actual. Añadió que países como España y Costa Rica Ya cuentan con normativa específica para la protección de datos personales en procesos judiciales e investigativos.
Ante las críticas sobre la posible discrecionalidad de los jueces con el reglamento, Peña afirmó que la interpretación se realizará dentro de un marco regulatorio claro. “El Ley 172-13 y el Constitución Ya establecen qué información se puede proteger. “No se trata de limitar el acceso a información relevante, sino de garantizar que no se haga un mal uso de determinados datos personales”, afirmó.
El abogado también instó Ministerio Publico responsabilizarse de la filtración de archivos que contienen datos privados, señalando que esta práctica es ilegal y podría implicar responsabilidades patrimoniales para el Estado. Añadió que estas filtraciones deben detenerse de inmediato.
