Santo Domingo. – Varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), expresaron su rechazo a la ley aprobada por el Senado que otorga el Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre los sindicatos profesionales y otras asociaciones privadas.
Según dirigentes sindicales y sociales, esta reforma representa una violación de la Constitución y un peligroso precedente para la democracia. En particular, el artículo 12, numeral 10, de la ley, que permite al TSE intervenir en conflictos internos de asociaciones sindicales y en impugnaciones de elecciones internas, algo que las organizaciones califican como una transgresión de los límites establecidos en el artículo 214 de la Constitución. .
Argumentos legales
El TSE fue creado exclusivamente para resolver conflictos electorales relacionados con partidos políticos, no para intervenir en asuntos internos de asociaciones privadas.
Asimismo, enfatizaron que otorgar estas facultades al tribunal es una distorsión de su función y podría generar una captura política de los sindicatos.
Puede leer: Abinader destaca la importancia de denunciar a agresores para erradicar la violencia de género
Trajano Potentini, presidente del CARD, recordó que el Tribunal Constitucional (TC), mediante sentencia TC/0508/21, ya declaró inconstitucional en 2021 ampliar las competencias del TSE más allá de lo previsto en la Constitución. “Esta reforma es un ataque a la libertad sindical y un intento de controlar políticamente a los sindicatos”, afirmó.
Denuncian privilegios excesivos para jueces del TSE
Las organizaciones también cuestionaron los beneficios otorgados a los jueces del TSE en la misma ley. Entre ellos, salarios comparables a los del Tribunal Constitucional, exenciones ilimitadas de vehículos, pasaportes diplomáticos y amplios seguros de vida y salud para los familiares, incluidos los jueces salientes.
Asimismo, denunciaron que estos privilegios han sido calificados como un abuso de recursos públicos y una profundización de las desigualdades en el sistema de justicia.
Llamado a la acción
Las entidades llamaron a colegios profesionales, gremios y organizaciones civiles, como el Colegio Médico Dominicano, el Colegio de Ingenieros, la Asociación Dominicana de Maestros y otros, a formar un frente común contra esta ley y exigir el respeto a la Constitución.
Advirtieron que, de llevarse a cabo la reforma, recurrirán a instancias nacionales e internacionales para restablecer la legalidad y proteger la autonomía de los gremios y asociaciones.
“Es fundamental garantizar que las asociaciones privadas mantengan su independencia y no estén sujetas a control político. De lo contrario, estaríamos ante un grave retroceso democrático”, concluyeron.
