en tu sesión 036-2025, celebrado el pasado jueves, Junta Directiva del INDOTEL aprobó la asignación de los fondos necesarios para este proyecto. Con este aporte, INDOTEL reafirma su compromiso con la creación de un entorno digital seguro, priorizando la implementación de tecnologías que fortalezcan la seguridad en todos los niveles del sistema penitenciario.
En una carta enviada al fiscal general de la República, Miriam Germán Brito, el presidente de INDOTEL le informa que, a raíz de estadísticas que causan malestar en la sociedad, la disponibilidad de fondos para erradicar, de una vez por todas, los actos delictivos cometidos desde las cárceles se hace realidad.
“El 90 por ciento de las llamadas fraudulentas que se cometen se hacen desde un centro penitenciario. Además, garantizamos una campaña educativa con la intención de concientizar a amplios segmentos de la población, evitando llamadas molestas con cargos fraudulentos intencionales”. escribió Gómez Mazara al fiscal general.
Para garantizar una adecuada administración de los fondos, INDOTEL ha solicitado que el Dirección General de Presupuesto asumir el control y seguimiento de los recursos asignados al proyecto. Este proceso garantizará la transparencia en la ejecución de los fondos y la eficacia de las medidas adoptadas.
el presidente de INDOTEL destacó que el RD$300 millones permitirán a la Procuraduría General de la República del República Realizar la licitación para la adquisición de bloqueadores de señal. “El Indotel aportará los recursos, pero la licitación quedará a cargo de la Procuraduría General de la República” Señaló Gómez Mazara.
El proyecto comenzará con la instalación de bloqueadores en cuatro centros penitenciarios estratégicos: El Pino, en La Vega; el Centro de Corrección y Rehabilitación 15 Azua; Anamuya, en Higüey; y la penitenciaría de santiago. Estos centros fueron seleccionados debido a la alta incidencia de ciberdelitos cometidos a través de teléfonos móviles.
La instalación de bloqueadores de señales garantizará tanto la seguridad digital como la seguridad nacional. Estos dispositivos evitarán que los internos utilicen tecnologías móviles dentro de las instalaciones para cometer delitos como fraude electrónico, extorsión y otras actividades ilícitas que ponen en riesgo a ciudadanos y empresas de todo el país.
El uso indebido de teléfonos móviles dentro de las prisiones se ha convertido en una herramienta de delitos cibernéticos. Más del 85% de las llamadas fraudulentas que afectan a ciudadanos y empresas en República Dominicana provienen de estas instalaciones. Esta medida responde directamente a la necesidad de combatir este problema.
