Esta semana, el programa de investigación Declassified, que conduce Addis Burgos, expuso el caso de Orlando Santana, un reconocido músico dominicano radicado en Puerto Rico que decidió invertir sus ahorros en un departamento en Santo Domingo, un sueño que poco después el tiempo se volvió. en una pesadilla.
Con cuatro décadas en el merengue, Santana, conocido por su paso por la orquesta “La Mákina” y por su carrera como saxofonista en los años 80 y 90, tomó la decisión de adquirir un inmueble en Torre Bellagio 5, en el sector Bella. Vista, el pasado año 2020, impulsado por el apego a su tierra natal.
“Iba a ser entregado en 2021, pero hasta hoy no me lo han entregado, hoy no me lo han entregado”, dijo. “Vengo a esa inmobiliaria porque la veo en internet, veo la foto, la veo muy linda, entonces mi esposa me dice, mira, ya estoy acostumbrado a estar en Bella Vista porque ella no Sabe mucho sobre el país, no sabe mucho sobre la ciudad. , pero como siempre nos quedamos con Bella Vista.
El contrato firmado con la constructora Goimer estipulaba que el apartamento, valorado en $187.700 y de 145 metros cuadrados, estaría listo en 2021, según el relato compartido en el programa. Con mucho esfuerzo, Santana realizó el pago del 50% del valor total, alcanzando los 93 mil 850 dólares (equivalente a cinco millones 631 mil pesos dominicanos).
Su sueño era tener un lugar propio para su familia en el campo. Sin embargo, a pesar de los plazos prometidos, aún no ha recibido el apartamento. En el contexto del boom inmobiliario en República Dominicana, con torres imponentes y proyectos lujosos, el caso de Santana pone de relieve un problema creciente: las estafas en el sector.
“Lo que quería era tener un departamento familiar, de tres habitaciones donde, cuando venga al campo con mis hijos, podamos estar cómodos cada uno en nuestra habitación porque mi familia somos mi esposa y yo y mis dos hijos”.
Declassified expuso cómo algunos proyectos de alto perfil se han visto involucrados en irregularidades, destacando la necesidad urgente de que las autoridades fortalezcan la regulación para proteger a los compradores de estas prácticas.
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