En el boletín Violencia feminicida en cifras. América Latina y el Caribe: actuar con sentido de urgencia para prevenir y poner fin a los feminicidios, CEPAL indica que la tasa de feminicidios en el país en 2023 fue de 2,4 %, cifra que ubica a RD por encima de Haití donde la tasa fue del 0,2%, y por debajo de Honduras donde se presentaron 7,2 casos por 100.000 mujeres.
“De los 19 países y territorios de América Latina que reportaron el número de feminicidios por motivos de género, feminicidios o muertes violentas de mujeres en 2022, las tasas más altas se registraron en Honduras (6,0 por 100.000 mujeres), República Dominicana (2,9) y El Salvador y Uruguay (1,6). Las más bajas (es decir, menos de 1 víctima por cada 100.000 mujeres) se observaron en Puerto Rico y Perú (0,9), Colombia (0,8), Costa Rica (0,7), Nicaragua (0,5), Chile (0,4) y Cuba (0,3). ”, afirma el boletín.
Asimismo, el informe dice que en el país, Argentina, Uruguay y Costa Rica las cifras se han mantenido estables entre 2015, 2020 y 2023, mientras que Paraguay es el país que presenta la mayor diferencia, con un aumento de 0,7 puntos porcentuales desde 2015.
Al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio cada día en América Latina y el Caribe
Asimismo, la CEPAL indicó que el año pasado unas 3.897 mujeres fueron víctimas de feminicidio en america latina y el caribe, lo que representa al menos 11 asesinatos por razón de género cada día en la región,
“En 2023, al menos 11 mujeres fueron asesinadas cada día por razones de género en América Latina y el Caribe. Este doloroso e inaceptable número nos recuerda que, a pesar de los avances en leyes y protocolos, el feminicidio sigue presente en nuestra región y es la expresión extrema de patrones patriarcales y violentos. Es hora de actuar con sentido de urgencia”, dijo José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en vísperas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre y da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Las cifras, recogidas por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe del organismo internacional, indican que 3.877 feminicidios ocurrieron en América Latina y los 20 restantes, en el Caribe.
Establece que la mayoría de las muertes por razones de género en la región ocurrieron en el contexto de relaciones actuales o terminadas, y gran parte de las víctimas tenían entre 30 y 59 años (56,4%), mientras que el 20,3% de los casos Correspondió a mujeres jóvenes entre 15 y 29 años. En mujeres mayores de 60 años la cifra es del 9,5%, y en niñas menores de 14 años llega al 3,4%.
Impacto en los dependientes
En cuanto a las consecuencias de los feminicidios para los dependientes de las víctimas (hijos, hijas y otros dependientes), en los siete países que informaron sobre esta variable en 2023 (Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Uruguay) 488 víctimas indirectas están registrados.
Actualmente, todos los países y territorios de América Latina y el Caribe Tienen leyes encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, pero la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo una realidad persistente y generalizada en América Latina y el Caribe y una grave violación de sus derechos humanos, destacó la Cepal.
Encuestas nacionales revelan que entre el 63% y el 76% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género en algún ámbito de su vida y, según estimaciones del Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 4 mujeres en la región ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja al menos una vez en su vida.
Finalmente, la CEPAL insta a los gobiernos de la región a redoblar esfuerzos para mejorar los sistemas de registro e información, aumentar los recursos presupuestarios para diseñar políticas públicas que respondan integralmente a víctimas y sobrevivientes, e invertir en una prevención efectiva. de violencia de género. Es necesario fortalecer la evaluación de riesgos y las medidas efectivas de protección de las víctimas, así como su acceso a servicios de asistencia médica, psicosocial y jurídica, entre otros, y a oportunidades educativas, económicas y laborales, concluye.
