El titular de la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, informó este sábado que el Ministerio Público espera que el tribunal le otorgue la máxima prisión preventiva, como medida de coerción.
Contra los imputados en la Operación Camaleón, a quienes se les acusa de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada a la malversación, fraude al Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra la crítica de infraestructuras y suplantación de identidad.
“La prisión preventiva está ligada al máximo que otorga el Código Procesal Penal, y esperamos que el tribunal nos otorgue el máximo”, dijo Wilson Camacho al final de la audiencia. En ese sentido, destacó que la solicitud presentada incluye unas 245 pruebas, cantidad que considera más que suficiente para sustentar cada uno de los dichos del organismo acusador.
“Este es un proceso con delitos graves, que incluyen defraudación al Estado, peculado, coalición de funcionarios, lavado de dinero y sabotaje a la red de semáforos del Gran Santo Domingo”, agregó Camacho. . Asimismo, detalló que continúan las diligencias investigativas, que podrían derivar en la incorporación de nuevos imputados y la presentación de nuevas acusaciones vinculadas a la trama de sobornos.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional postergó la audiencia para el martes 8 de octubre a las 2:00 de la tarde, para que la defensa pueda conocer la amplia oferta probatoria del Ministerio Público y elaborar sus presupuestos de defensa.
El Ministerio Público también solicitó declarar complejo el caso, dado el volumen de pruebas y la gravedad de las acusaciones contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, ex Coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix SAS; Pedro Vinicio Padovani Báez, exjefe del Centro de Control de Tránsito del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.
Durante la Operación Camaleón se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo participaron aproximadamente 170 miembros de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados. crimen organizado.
En los allanamientos se incautaron cientos de pruebas que confirman las acusaciones del Ministerio Público. Por este motivo, el órgano fiscal ha calificado la Operación Camaleón como una de las “más exitosas” contra el crimen organizado.
El Ministerio Público presentó, entre otras pruebas, un contrato fraudulento para la modernización del semáforo del Gran Santo Domingo y un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. También se presentaron pruebas relacionadas con el sabotaje a la red de semáforos en agosto, todas ellas elementos claves del proceso.
Los imputados en la Operación Camaleón son investigados por conductas propias de lo establecido en los artículos 146, inciso 1 de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción); artículos 123, 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documento privado); 171 y 172 (peculado), artículos 265 y 266 (asociación de malhechores), así como el artículo 405 (fraude en perjuicio del Estado dominicano) del Código Penal dominicano; artículos 11, 17, 27 y 28 (sabotaje, usurpación de identidad, delitos y ofensas contra la nación y actos de terrorismo), de la Ley núm. 53-07, contra Delitos y Delitos de Alta Tecnología.
Así como, los artículos 5, 33, 34, 35, 36, (contrabando) de la Ley núm. 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados; y los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 (Lavado de Activos) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, artículos 5, 8 letra F y 26 de la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, artículos 66, 67 y 69 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, todo ello en perjuicio del Estado dominicano.
